Ábalos y Koldo deberán devolver los 34.450 euros que Jessica Rodríguez cobró en Ineco sin haber ido a trabajar
El Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el caso de los “contratos de mascarillas” que marcó la gestión de la pandemia, condenando al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses. Además, ambos deberán responder de forma conjunta y solidaria por la indemnización a dos entidades públicas vinculadas al Ministerio.
Indemnizaciones y responsabilidades económicas
Según la resolución de 224 páginas a la que ha tenido acceso El Independiente, Ábalos y García deberán abonar a la empresa pública Ineco la cantidad de 34 450 €, y a Tragsatec 9 500 €, como “salario” percibido por Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, quien nunca se presentó a trabajar. El tribunal constató que Rodríguez recibió la suma íntegra sin ejercer ninguna actividad laboral.
La sentencia también confirma la “preferencia” en la contratación de Claudia Montes, ex‑Miss Asturias, en LogiRail, como consecuencia de su relación personal con el exministro. Koldo García habría intervenido para eliminar obstáculos y garantizar la incorporación de Montes a la entidad.
En cuanto a los beneficios económicos percibidos por Ábalos, el Supremo determinó que recibió pagos mensuales de 10 000 € por parte de Víctor Aldama desde octubre de 2019 hasta junio de 2022, destinados a cubrir sus “gastos fijos”. Asimismo, se le concedió el uso del piso ubicado en Plaza de España, Madrid, cuyo alquiler fue cubierto por un testaferro de Aldama, representando una ventaja patrimonial de 82 295 €.
El tribunal también incluye en el decomiso la renta de un chalé en Villa Parra (Marbella) por un importe de 8 000 €, considerado una contraprestación por la gestión de una nota de prensa que favoreció el rescate de Air Europa, empresa asesorada por Aldama.
En total, la Fiscalía de Anticorrupción obtuvo el decomiso de 430 298 € como ganancias procedentes del delito de cohecho, distribuidas de la siguiente manera:
- 340 000 € en pagos mensuales de Aldama a Ábalos.
- 82 295 € por el alquiler del piso en Plaza de España.
- 8 000 € por el alquiler del chalé en Villa Parra.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo describió en su fallo la existencia de un “claro plan criminal” en el que Víctor Aldama aportó la estructura empresarial, Koldo García ejecutó las gestiones operativas y José Luis Ábalos utilizó su posición institucional para facilitar la adjudicación de contratos públicos, especialmente los relacionados con la adquisición de mascarillas durante la crisis sanitaria.
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