La factura de las pensiones de jubilación marca un nuevo récord de gasto para la Seguridad Social: 63.000 millones
La generación conocida como “baby boom”, compuesta por los nacidos entre 1958 y 1975, comenzó a jubilarse en 2023. Su entrada masiva en la etapa de jubilación está poniendo bajo presión el gasto público que la Seguridad Social debe afrontar cada mes.
Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por la ministra Elma Saiz, el gasto en pensiones de jubilación alcanzó entre enero y junio de 2026 la cifra récord de 62.940 millones de euros, el más alto registrado en un primer semestre.
Una escalada del gasto que supera los 16.000 millones en cuatro años
En los seis primeros meses de 2022 la Seguridad Social destinó 46.794 millones de euros al pago de pensiones. Un año después la cifra subió a 52.194 millones, en 2024 alcanzó los 55.746 millones, en 2025 llegó a 59.233 millones y, por primera vez, en 2026 rozó los 63.000 millones. En apenas cuatro ejercicios el gasto acumulado en el primer semestre ha aumentado más de 16.000 millones de euros.
Este incremento responde tanto a la revalorización anual de las pensiones, que sigue la evolución de la inflación, como al creciente número de jubilados. Entre junio de 2022 y junio de 2026 el número de pensionistas aumentó en 467.024 personas. El ritmo de incorporación se ha acelerado cada año: entre junio de 2023 y junio de 2024 se sumaron 108.634 nuevos jubilados; entre 2024 y 2025 fueron 118.010; y entre 2025 y 2026 el aumento alcanzó los 129.782 pensionistas.
La presión sobre el sistema seguirá creciendo en los próximos años, ya que todavía quedan muchas personas de la cohorte baby boom por alcanzar la edad de jubilación y los que ya se han retirado continuarán percibiendo sus pensiones durante décadas, gracias al aumento de la esperanza de vida.
Una encuesta de Funcas sobre Pensiones y Educación Financiera, realizada entre 1.127 españoles de entre 18 y 75 años, revela que el 68 % de la población considera que el pago de las pensiones “se convertirá pronto en un problema importante para nuestra economía”, y el 70 % cree que serán los jóvenes quienes asuman la mayor parte de esa carga.
Las propuestas de reforma impulsadas por el entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, introdujeron nuevas cotizaciones sociales, como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cuota de solidaridad para los salarios más altos. Sin embargo, según el propio Tribunal de Cuentas, estas medidas resultan insuficientes. En su informe sobre la situación patrimonial del sistema, el organismo fiscalizador señaló que a final de 2024 la Seguridad Social acumulaba una deuda con el Estado de 135.253 millones de euros, de los que 126.171 millones correspondían a préstamos a largo plazo, y recomendó sustituir estos préstamos por transferencias corrientes consignadas en los Presupuestos Generales.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lleva años advirtiendo que las transferencias tampoco solucionan el problema estructural del sistema. En su último análisis de sostenibilidad, publicado a finales de mayo, la AIReF concluyó que, aunque España cumple la regla de gasto en pensiones, ello no garantiza la viabilidad financiera a largo plazo. Según sus estimaciones, cerca de tres cuartas partes del incremento previsto del gasto en pensiones para 2050 deberán financiarse mediante transferencias del Estado, lo que supondrá una mayor presión sobre los recursos públicos y requerirá, bien recortes a otras áreas, bien nuevos impuestos o un mayor endeudamiento.
Frente a este escenario, el 93 % de los encuestados cree que el sistema se modificará antes de que ellos mismos se jubilen. No obstante, ninguna de las medidas habituales cuenta con un amplio respaldo popular:
- 87 % rechaza elevar la edad de jubilación a 70 años.
- 73 % se opone a aumentar los años de cotización necesarios para acceder a una pensión contributiva.
- 66 % descarta la creación de un impuesto específico para financiar el sistema.
- 54 % no apoya un aumento de las cotizaciones sociales.
- 58 % favorece reforzar el principio contributivo, es decir, que la pensión guarde una relación más estrecha con lo cotizado durante la vida laboral, frente al 42 % que prioriza garantizar una prestación suficiente sin depender de las aportaciones realizadas.
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