La expulsión de Ortega Smith deja en un limbo a Vox dentro del Ayuntamiento de Madrid
El Ayuntamiento de Mrid se encuentra sumido en una profunda incertidumbre tras la aprobación, por parte del presidente del Pleno, Borja Fanjul, del paso definitivo del exportavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, a la condición de concejal no escrito. La decisión ha desatado una serie de interrogantes sobre quién asumirá la portavocía del grupo y cómo se resolverá la situación judicial que afecta a varios de sus miembros.
Según informa El Independiente, la última semana Ortega citó a Ignacio Ansaldo, su colaborador de confianza, en Cibeles para que, con el respaldo de Carla Toscano, fuera nombrado nuevo portavoz. Sin embargo, el propio alcalde de la ciudad, José Luis Martínez‑Almeida (PP), ha manifestado que “no procede” que la portavocía pase a Ansaldo mientras persista el recurso de cautelares que afecta tanto a Ansaldo como a Toscano.
Bloqueo judicial y consecuencias para Vox
El Comité de Garantías del partido había expulsado a Ortega en marzo y, posteriormente, había impuesto medidas cautelares contra Ansaldo y Toscano por su apoyo al dirigente expulsado. Estas medidas, que limitan su participación en actividades parlamentarias, siguen vigentes y la justicia aún no ha dictado sentencia definitiva. Por ello, la Presidencia del Pleno considera prudente esperar a la resolución judicial antes de validar cualquier nombramiento oficial.
Mientras tanto, el grupo Vox queda técnicamente sin portavoz oficial. La posible designación de Arantxa Cabello, actualmente concejala y figura destacada del partido, como sustituta de Ortega sigue en el aire. La ausencia de un portavoz reconocido genera un estancamiento en la toma de decisiones y en la defensa de las iniciativas del grupo.
El emparejamiento de los miembros críticos (Toscano y Ansaldo) y de los leales (Cabello y Fernando Martínez) deja al grupo en una situación de tabla, lo que complica la votación de propuestas y la negociación de acuerdos con otras formaciones. Según fuentes cercanas al grupo, la falta de claridad sobre la portavocía impide la coordinación interna y debilita la posición de Vox en el Ayuntamiento.
En cuanto al aspecto económico, la crisis organizativa está repercutiendo de forma directa en los recursos financieros y humanos del grupo:
- El grupo Vox dispone de una asignación anual de 36 545 €, de los cuales, actualmente, solo la mitad está accesible para los miembros oficiales.
- Si Cabello y Martínez se consolidan como portavoces, el grupo podría recuperar la totalidad de la cuantía y la partida variable de 6 122 € por concejal, lo que incrementaría su presupuesto a 48 749 € en 2027, frente a los 67 155 € que recibiría con la actual configuración.
- El personal asignado al grupo –dos jefes de Secretaría, una vocal asesora, dos asesores de nivel 26 y cinco de nivel 24– podría reducirse de diez a ocho puestos si se mantiene la situación de “no escritos”. En caso de que Toscano y Ansaldo pierdan su condición, el número de empleados caería a cuatro, sin posibilidad de que estos trasladaran a su personal de confianza.
La reducción de recursos afectará la capacidad del grupo para contratar asesores y prestar apoyo técnico a sus concejales durante la legislatura, limitando su influencia en los debates y en la elaboración de iniciativas.
Vox mantiene una postura optimista pese a la incertidumbre. Según dirigentes del partido, esperan que el conflicto se resuelva antes de que finalice el verano, con la posibilidad de que la justicia levante las cautelares y se pueda nombrar oficialmente a un nuevo portavoz. La dirección de Vox en Mrid ha señalado que, de concretarse la designación de Cabello, el grupo podrá retomar la plena autonomía y prepararse para la campaña municipal de 2027.
Por su parte, la alcaldía de Martínez‑Almeida ha hecho un llamamiento al diálogo interno y ha pedido que cualquier decisión se adopte mediante consensos políticos, evitando recurrir a instancias judiciales. No obstante, la administración no descarta la intervención de la justicia para resolver el bloqueo que afecta a los concejales bajo cautelares.
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