18 de julio: nada que celebrar, mucho que recordar
El 18 de julio de 2026 se cumplen noventa años del levantamiento militar que dio inicio a la Guerra Civil española, un conflicto que se extendió hasta abril de 1939 y que dejó un saldo de muertos que supera el medio millón, según las estimaciones más fiables.
El alzamiento, conocido como el "Alzamiento Nacional", fue encabezado por los generales Emilio Mola, José Sanjurjo y Francisco Franco contra el gobierno de la Segunda República, que en febrero de 1936 había sido vencido por el Frente Popular en unas elecciones caracterizadas por una estrecha diferencia de votos entre los partidos de izquierda y los de derecha.
Contexto político y social
El triunfo del Frente Popular fue objeto de controversia, pero el golpe no se justificó únicamente por la victoria electoral; los conspiradores alegaron la creciente violencia en el país, una situación que había alcanzado su punto álgido con la huelga general revolucionaria de 1934 y que incluía asesinatos, ataques a iglesias y conventos, y un fuerte anticlericalismo motivado por la percepción de que la Iglesia apoyaba sin disimulo a los partidos conservadores.
El 13 de julio de 1936, el asesinato del diputado monárquico José Calvo Sotelo a manos del socialista Luis Cuenca se considera el detonante inmediato del levantamiento, aunque muchos historiadores coinciden en que el clima de enfrentamiento civil ya había predispuesto a los militares a actuar.
Los sublevados no buscaban, según sus propias declaraciones, restaurar la democracia burguesa, sino evitar lo que describían como una posible revolución al estilo ruso de 1917. En ese sentido, gran parte de la izquierda republicana no se identificaba con la democracia liberal y concebía la República como una etapa transitoria hacia una transformación socialista.
El conflicto armado culminó con la victoria de las fuerzas nacionalistas lideradas por Franco, estableciendo una dictadura que perduró casi cuarenta años. Tras la muerte de Franco en 1975, la recuperación de la democracia se realizó bajo la monarquía, proceso conocido como la Transición, que incluyó un pacto político entre derechas e izquierdas y la promulgación de una ley de amnistía como punto de partida para una España sin represalias.
En los años posteriores, el Parlamento aprobó la Ley de Memoria Histórica en 2007 y la Ley de Memoria Democrática en 2022, con el objetivo de reconocer y reparar a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. La última ley fija como límite temporal la aplicación de sus disposiciones la aprobación de la Constitución española de 1978, lo que genera debate sobre la situación de las víctimas ocurridas durante el primer gobierno democrático de Adolfo Suárez (1976‑1977).
Dentro del debate historiográfico reciente, destaca la obra “Retaguardia Roja” del catedrático Fernando del Rey, Premio Nacional de Historia 2020, que ofrece una microhistoria de la provincia de Ciudad Real desde el golpe de julio de 1936 hasta el final de la contienda. Del Rey documenta asesinatos sin juicio, ejecuciones a sangre fría y la persecución de propietarios, clérigos y miembros de la Falange, identificando nombres y apellidos de víctimas y verdugos.
Según el estudio, en Ciudad Real la mayoría de los miembros de la Guardia Civil, la Policía Municipal y los Guardias de Asalto permanecieron fieles a la República, mientras que el poder municipal pasó a manos de las organizaciones de izquierda. La ofensiva franquista en la zona se dirigió hacia Extremadura, sin que se produjera la toma de un símbolo comparable al Alcázar de Toledo.
El libro subraya que la violencia de la época, tanto de la izquierda como de la derecha, dejó una huella profunda en la memoria colectiva. La necesidad de recordar estos hechos sin revivir la polarización es una de las razones que motivan la discusión sobre la aplicación de las leyes de memoria en la actualidad.
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