Las pegas adelantadas por los socios amenazan con hacer descarrilar el decreto ley de vivienda de PSOE y Sumar
El Gobierno cerró este miércoles un acuerdo entre el PSOE y Sumar para impulsar un nuevo Real Decreto‑Ley de vivienda, casi una semana antes de su presentación formal ante el Consejo de Ministros. La iniciativa, que aspira a ser “ambiciosa, amplia y transversal”, incluye entre sus medidas clave la prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler cuyo vencimiento sea anterior al 30 de junio de 2028. Sin embargo, la norma deberá ser convalidada por el Congreso, y su futuro está lejos de estar garantizado.

Desde el anuncio a finales de junio, la coalición ha buscado integrar las propuestas de sus socios para evitar que el texto sea objeto de veto parlamentario. El debate de convalidación se pospondrá hasta después del receso estival, y la última oportunidad para que el Consejo de Ministros lo apruebe antes de las vacaciones será el martes 28 de julio.
Contenido del nuevo Real Decreto‑Ley
El proyecto recoge una serie de bloques de medidas:
- Prórroga extraordinaria de alquileres: los inquilinos con contratos que expiren hasta el 30 de junio de 2028 podrán solicitar una ampliación de dos años, lo que según Sumar beneficiaría a casi cuatro millones de personas y a 1,5 millones de hogares.
- Regulación del alquiler temporal y de habitaciones: se pretende eliminar el uso fraudulento de estos arrendamientos como vía para eludir la normativa del alquiler de vivienda habitual y los límites de precios en zonas tensionadas.
- Incremento del IVA a los pisos turísticos: el tipo se elevará al 21 % y se endurecerá el régimen sancionador de la publicidad en plataformas, con el objetivo de desincentivar el alquiler turístico.
- Bonificaciones en el IRPF: se contemplan deducciones para los propietarios que reduzcan el precio del alquiler.
- Medidas de vivienda asequible: incluyen la subida del IVA a los pisos turísticos y la agilización administrativa de la oferta de vivienda.
- Propuesta de protección social: a iniciativa de Sumar, se plantea negociar medidas para evitar desahucios y garantizar alternativas habitacionales a familias vulnerables.
El Ministerio de Vivienda, encabezado por Isabel Rodríguez, confirmó que la prórroga de alquileres forma parte del texto y reiteró la prioridad de alcanzar un acuerdo que permita la convalidación del decreto en el Congreso.
Sin embargo, la norma se enfrenta a una fuerte resistencia de varios partidos. Junts ha advertido que no apoyará el proyecto si mantiene “las medidas que perpetúan las ocupaciones y no protegen ni al inquilino ni al pequeño propietario”, y exige la incorporación de sus propuestas fiscales. Por su parte, Podemos, junto a ERC, ha señalado que el decreto incluye una reforma de la Ley del Suelo que consideran una línea roja, al contemplar la legalización retroactiva de proyectos urbanísticos ilegales y la supresión del derecho de los antiguos propietarios a recuperar terrenos expropiados.
El PNV, por otro lado, defiende la reforma de la Ley del Suelo como necesaria para “agilizar los planeamientos urbanísticos y evitar bloqueos”, aunque rechaza que el IVA de los alquileres turísticos se eleve al 21 % y pide que se mantenga en el 10 %.
Ante este panorama, el Gobierno deberá negociar con los distintos grupos parlamentarios antes del martes 28 de julio y, posteriormente, durante el mes que resta para la convalidación en el Congreso. Las primeras señales recibidas este miércoles no son del todo optimistas, pero aún existen posibilidades de ajustes que permitan superar los obstáculos políticos.
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