Más allá de Laura Borràs: quiénes son los otros dos condenados por corrupción que ha indultado el Gobierno
El Consejo de Ministros, en su última sesión antes del parón estival, aprobó una serie de indultos que han reavivado el debate sobre los límites de la medida de gracia en casos de corrupción. Además de la polémica concesión a la expresidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, el Ejecutivo incluyó en el mismo paquete a dos condenados por delitos vinculados al uso irregular de fondos públicos: el exalcalde socialista de Linares, Juan Fernández, y el gestor cultural asturiano Natalio Grueso.
La resolución no solo ha reactivado la discusión política sobre la oportunidad de conceder estos perdones parciales, sino que también ha puesto el foco en dos perfiles muy distintos pero unidos por una misma circunstancia: ambos habían sido condenados por corrupción y ahora han visto aliviada, total o parcialmente, su pena de prisión por decisión del Gobierno.
Detalles de los indultos
Juan Fernández – exalcalde de Linares
El indulto concedido a Juan Fernández es parcial. El Gobierno ha conmutado su pena de tres años de prisión a dos, manteniendo intacta la inhabilitación de siete años que le impide ejercer cargos públicos. Fernández fue alcalde de Linares entre 1999 y 2017 y fue condenado por percibir sobresueldos por un valor de 125 377 euros a cargo de las cuentas del grupo municipal socialista al que pertenecía.
La sentencia que lo declaró autor de un delito de malversación de caudales públicos fue dictada por la Audiencia de Jaén en noviembre de 2011 y ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo. En 2025 la Audiencia de Jaén suspendió provisionalmente su entrada en prisión mientras se resolvía la solicitud de indulto, medida que ha culminado en el perdón parcial anunciado.
El expediente contó con apoyos poco habituales: el propio tribunal emitió un informe favorable, el Ayuntamiento de Linares respaldó la petición y también lo hicieron tanto el grupo popular como el socialista de la localidad, además de una asociación vecinal que reunió numerosas firmas. Esa convergencia explica que el indulto haya sido parcial y no total, aunque la controversia persiste.
Natalio Grueso – gestor cultural del Centro Niemeyer
En el caso de Natalio Grueso, el Gobierno ha decidido indultar la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, pero ha mantenido el resto de la condena, que incluye ocho años de prisión, ocho años de inhabilitación y una multa. Grueso fue condenado por delitos continuos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y societaria cometidos durante su gestión al frente de la Fundación Centro Niemeyer.
La sentencia consideró probado que desvió fondos de la entidad mediante gastos ajenos a sus fines y que utilizó facturas manipuladas para justificar los pagos. Su nombre volvió a la actualidad judicial a finales de 2025, cuando fue detenido en Portugal tras más de dos años de fuga. El ingreso en prisión se produjo después de que la condena quedara firme, y su situación personal –enfermedad y problemas de salud– fue uno de los argumentos esgrimidos para justificar el indulto parcial concedido ahora por el Ejecutivo.
La solicitud de perdón también recibió apoyos del mundo cultural y audiovisual, lo que el Gobierno ha tenido en cuenta al justificar la medida. No obstante, la decisión mantiene vivo el debate sobre si la enfermedad o la presión de determinados sectores deben ponderarse frente a la gravedad del delito y la firmeza de la condena.
Los indultos forman parte de un conjunto de cinco medidas de gracia aprobadas por el Consejo de Ministros, de las cuales tres afectan a personas condenadas por corrupción. Esa coincidencia le ha conferido al paquete un fuerte contenido político, especialmente porque llega en un momento en que el Gobierno intenta defender una agenda institucional centrada en la integridad pública.
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