El exdictador sirio Bashar Asad, condenado a pena de muerte en rebeldía
Un tribunal sirio emitió el martes una sentencia de muerte contra el expresidente Bashar al‑Assad, a quien se le acusa de múltiples crímenes de lesa humanidad. Desde diciembre de 2024, fecha en la que fue depuesto, al‑Assad y su familia viven en el exilio en Moscú.
Sentencia y cargos
Según informó la agencia Efe, el juez Fajr al‑Din al‑Uryan declaró a Bashar al‑Assad culpable del “delito grave de asesinato premeditado e intencional de varias personas, incluidos niños, así como de tortura, detención arbitraria y la comisión de crímenes de lesa humanidad”. La sentencia también menciona la apropiación de una fortuna estimada en unos 60 000 millones de euros, que el exmandatario habría logrado preservar fuera del país.
- Asesinato premeditado e intencional de múltiples víctimas, entre ellas menores.
- Tortura y detención arbitraria.
- Crímenes de lesa humanidad.
- Financiación y apropiación de bienes de origen ilícito.
Junto a Bashar al‑Assad, el tribunal condenó a muerte a ocho personas más, entre ellas a su hermano Maher al‑Assad y a su primo Atef Najib, quien estuvo presente en la audiencia.
Atef Najib, exjefe de Seguridad Política en Deraa, fue señalado por su participación en el interrogatorio y la tortura de detenidos tras el estallido de las protestas en 2011. Entre los actos atribuidos a su unidad destaca la detención y tortura de niños que habían pintado grafitis antigubernamentales en la pared de una escuela, así como el asalto a la mezquita Omari de Deraa, centro simbólico de las primeras manifestaciones contra el régimen.
Después de los acontecimientos en Deraa, Najib fue trasladado a Idlib, en el norte del país. En 2011 fue sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea. Las fuerzas de seguridad lo capturaron en una redada en Latakia el 31 de enero de 2025.
El tribunal también dictó la pena de muerte contra seis fugitivos adicionales vinculados al caso, todos ellos acusados de asesinato premeditado, tortura y resultados mortales. La decisión marca, según los magistrados, el inicio de un proceso de justicia transicional en Siria.
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