Descubre el misterio detrás de la silla vacía de Marlaska
A las once de la mañana del miércoles, la sala del Senado donde el ministro del Interior, Fernando GrandMarlaskaaska, había sido citado quedó con una silla vacía. El titular del interior no asistió, tampoco delegó ni envió una excusa formal a la Mesa. Media hora después, el propio ministro convocó a los medios y se reunió con representantes de Protección Civil y de la Agencia Estatal de Meteorología para coordinar el dispositivo del eclipse solar que esa noche cruzaría el cielo de España.
El contexto de la crisis migratoria en Ceuta
La citación al Senado no es fortuita. En la noche del 30 al 31 de julio, más de setenta mil personas ingresaron de forma irregular en Ceuta desde Marruecos. A mediados de agosto, entre ocho mil y once mil migrantes permanecían en la ciudad autónoma, según estimaciones del Gobierno ceutí. El 6 de agosto, la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado aprobó el escrito número 90.049, solicitando la habilitación del mes para que las comisiones de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores celebraran sesiones extraordinarias. Dos días después, el presidente de la Cámara, Pedro Rollán, remitió cartas a Grande‑Marlaska, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, fijando las fechas de comparecencia: el 12 de agosto para Interior, el 13 para Defensa y, tras varios cambios, el 18 de agosto para Asuntos Exteriores.
En dichas cartas se advertía que la inasistencia podría acarrear consecuencias legales y la exigencia de responsabilidades. La obligación de comparecer no es una interpretación liberal del reglamento, sino lo que establece literalmente el artículo 66.2 del Reglamento del Senado, que obliga a los miembros del Gobierno a comparecer ante las comisiones y sus órganos. Dicha obligación se sustenta en los artículos 76 y 110 de la Constitución de 1978, que reconocen a las Cortes la facultad de requerir la presencia de los ministros para ejercer el control parlamentario.
El propio Partido Popular reformó el artículo 66.2 en noviembre de 2025, aprovechando su mayoría absoluta. El PSOE impugnó ocho de los artículos modificados ante el Tribunal Constitucional, pero no recurrió el 66.2. Por tanto, la norma que hoy incumple el ministro es una disposición que su propio partido dejó pasar sin objeción.
Esta no es la primera ocasión en que el Gobierno evita comparecer ante el Senado. Tras el accidente ferroviario de Almonte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se negó a acudir a una citación senatorial, alegando que explicaría los hechos en el Congreso y delegó al ministro de Transportes, Óscar Puente. El Senado elevó el conflicto al Tribunal Constitucional, que admitió la queja a trámite en mayo, manteniendo abierto el procedimiento.
El Gobierno justifica la ausencia alegando que los tres ministros citados, junto al titular de la Presidencia, Félix Bolaños, comparecerán por iniciativa propia en el Congreso el 25 de agosto, y que hacerlo también en el Senado constituiría una duplicidad. Además, sostiene que el Congreso es la cámara constitucionalmente prevalente. La Presidencia del Senado rechaza esa interpretación, indicando que ambas cámaras ejercen la función de control en igualdad de condiciones y que ningún precepto constitucional autoriza a un ministro a elegir ante cuál de ellas comparecer.
Esta mañana, con la silla de Grande‑Marlaska vacía y los senadores del PSOE también ausentes, el presidente de la Comisión de Interior, el popular Fernando Martínez‑Maíllo, abrió la sesión señalando el vacío y calificándolo de “una falta de respeto” a la Cámara Alta. Recordó que, al solicitar la habilitación de agosto, la respuesta del Gobierno había sido que no había tiempo material para organizar la comparecencia, respuesta que llegó antes de que se anunciara la cita en el Congreso a finales de mes. Añadió que un ministro no puede escoger libremente ante cuál de las dos cámaras se presenta y que, por ahora, las sillas seguirán vacías.
Para entender la diferencia con otros sistemas parlamentarios, se citó el caso del Reino Unido. Los comités selectos de la Cámara de los Comunes pueden citar y, en caso de desacato, sancionar a los ministros, pero esa autoridad no se extiende a la Corona. En 2020, la ministra del Interior británica, Priti Patel, rechazó varias citaciones del Home Affairs Committee y ofreció reuniones privadas; finalmente accedió a fijar una fecha tras la presión del presidente del comité, Yvette Cooper. En Westminster, la cuestión de ante qué cámara comparecer no genera un debate constitucional prolongado, ya que sólo la Cámara de los Comunes posee la capacidad de derribar al Gobierno mediante una moción de confianza.
En España, la neutralidad de la Presidencia del Congreso también está en entredicho. Desde agosto de 2023, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha sido señalada por el PP y Vox por presunta falta de imparcialidad, aunque su mandato sigue sin interrupciones. El PP, por su parte, mantiene bloqueadas treinta y seis proposiciones de ley remitidas por el Senado, cuatro de ellas paralizadas desde hace más de dos años, y ha llevado ese bloqueo ante el Tribunal Constitucional. En comparación, un Speaker británico no sobreviviría mucho tiempo bajo una acusación semejante.
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