¿Qué pasa cuando la pura vida se encuentra con la mano dura?
Cuando un jefe de Estado visita Costa Rica, la ceremonia de recepción incluye a un grupo de niños que portan la bandera nacional. En la mayoría de los países, esas solemnidades las conducen miembros de las Fuerzas Armadas, que rinden los honores militares correspondientes. En Costa Rica no es posible seguir ese protocolo porque el país no cuenta con ejército desde el 1 de diciembre de 1948, fecha en la que el presidente de la Junta Fundadora, José Figueres Ferrer, anunció la abolición de las Fuerzas Armadas. La medida quedó consagrada en el artículo 12 de la Constitución de 1949.
La decisión de suprimir el ejército no fue la única medida radical de la Junta. Esa misma autoridad también ilegalizó al Partido Vanguardia Popular, nombre que entonces utilizaba el Partido Comunista Costarricense. Ambas acciones estuvieron directamente vinculadas a la guerra civil de 1948, conflicto que enfrentó al Ejército de Liberación Nacional (ELN), liderado por Figueres, contra el gobierno de Teodoro Picado, respaldado por los seguidores de Rafael Ángel Calderón Guardia, los comunistas y el propio ejército. Tras la victoria de los insurgentes, Figueres encabezó la Junta que reorganizó el Estado y sentó las bases de la Segunda República, considerando a los comunistas y a los militares los principales factores de inestabilidad.
El legado de la abolición del ejército y su impacto político
Figueres no era un militar de carrera, sino un empresario agrícola, intelectual autodidacta y hombre de acción. Dotado de una personalidad enérgica, un fuerte sentido de misión y la capacidad de aglutinar a sectores diversos, su liderazgo se basó más en el carisma y la audacia que en una trayectoria política tradicional. Cuando estalló la crisis de 1948, el grupo que encabezó se denominó Ejército de Liberación Nacional porque sus integrantes se presentaban como una fuerza destinada a liberar al país y a fundar un nuevo orden político.
Con la instauración de la Segunda República comenzó una prolongada etapa de estabilidad política y democrática, marcada inicialmente por el predominio del Partido Liberación Nacional (PLN), fundado por Figueres y situado en la corriente socialdemócrata. Frente a él surgieron fuerzas conservadoras y calderonistas que, en la década de 1960, se unificaron bajo el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), de centro‑derecha. Desde la década de 1980, ambos partidos se alternaron en el poder, conformando uno de los sistemas bipartidistas más estables de América Latina. Sin embargo, la pérdida de identidad de ambas organizaciones, su convergencia programática y varios escándalos de corrupción aceleraron su desgaste.
El panorama cambió en 2002, cuando el recién creado Partido Acción Ciudadana (PAC), surgido de una escisión del liberacionismo, obtuvo un resultado suficiente para romper la dupla tradicional y obligó, por primera vez, a una segunda vuelta presidencial. En 2014 el PAC ganó la presidencia, desplazando al PUSC de la contienda principal. El nuevo partido canalizó la crítica de una generación más joven contra la gerontocracia costarricense y contra una élite que parecía repartirse el poder por turnos. Tras dos mandatos, sin embargo, el PAC prácticamente desapareció del escenario político.
El vacío lo llenó Rodrigo Chaves, quien se presentó en 2022 como el candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), una organización pequeña sin estructura territorial comparable a los partidos tradicionales. Chaves, economista de formación y con 27 años de experiencia en el Banco Mundial, había sido ministro de Hacienda brevemente antes de lanzar su campaña. Su discurso combinó la seguridad de un técnico con un estilo personalista: describió a la Asamblea Legislativa, la Contraloría, la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Poder Judicial y gran parte de la prensa como obstáculos al cumplimiento de la voluntad popular.
El gobierno de Chaves logró resultados económicos destacados: mantuvo un crecimiento elevado, redujo el peso de la deuda pública, atrajo inversión extranjera y registró descensos en inflación, desempleo y pobreza. Algunos de esos avances se deben a reformas fiscales previas y a una coyuntura internacional favorable, pero Chaves supo presentarlos como pruebas de la eficacia de su modelo de gobierno.
Su popularidad se explicó tanto por esos indicadores como por su estilo directo, que convertía cualquier controversia en un enfrentamiento entre la ciudadanía y los grupos privilegiados. Incluso el deterioro de la seguridad y el aumento de los homicidios afectaron menos su respaldo, pues muchos costarricenses veían en sus enfrentamientos institucionales la confirmación de que, por fin, alguien se atrevía a desafiar a los poderes establecidos. Chaves logró, de manera poco frecuente en Costa Rica, transformar el personalismo antinstitucional en una promesa de eficacia.
Ante la imposibilidad constitucional de reelección consecutiva, Chaves impulsó que su antigua ministra, Laura Fernández, se convirtiera en la candidata del Partido Pueblo Soberano y ganara las elecciones de 2026 en primera vuelta. Más que una sucesión, su victoria representa la continuidad de un liderazgo que no depende de su presencia en la boleta. La creciente inseguridad y la expansión del narcotráfico han favorecido una oferta de mano dura que propone leyes más severas, una megacárcel inspirada en el modelo salvadoreño y menos indulgencia frente a los delincuentes. A esa promesa de orden se suma el enfrentamiento con los órganos de control, la judicatura y la prensa.
La democracia costarricense, que durante décadas fue referente en América Latina, se encuentra ahora amenazada por fuerzas que no provienen de los cuarteles, sino de las urnas. El desacato simbólico a las instituciones y la presentación de cualquier límite como una maniobra de los “enemigos del pueblo” ha generado una centralidad de poder desconocida en la Segunda República. No se trata solo de que un presidente haya desafiado a los contrapesos institucionales, sino de que una mayoría del electorado haya premiado esa conducta al elegir a su sucesora.
Este proceso muestra que la democracia puede deteriorarse no mediante un golpe repentino, sino con el apoyo de ciudadanos dispuestos a sacrificar instituciones que consideran ineficaces cuando sienten que ya no los protegen. Costa Rica demuestra que ninguna tradición democrática es irreversible y que incluso los sistemas más estables pueden resultar frágiles. Por eso, la democracia no solo debe celebrarse con niños y banderas; también es necesario protegerla y reforzar sus instituciones.
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