Ceuta reabre el debate sobre las externalizaciones sanitarias en plena crisis migratoria
Desde finales de julio, Ceuta vive una crisis migratoria sin precedentes. Según los datos oficiales del Gobierno de España, al menos 72.000 personas han llegado de manera irregular a la ciudad autónoma, una cifra que la propia administración local eleva a 80.000. Aunque parte de los recién llegados retornó a Marruecos en los días siguientes, las autoridades estiman que todavía permanecen alrededor de 9.000 migrantes en Ceuta.
Esta avalancha ha puesto una enorme presión sobre los servicios públicos, y el Sistema Sanitario ha sido uno de los más afectados. En las dos primeras semanas, el Ministerio de Sanidad registró 5.800 atenciones médicas a migrantes y señaló un aumento cercano al 50 % en la demanda de urgencias. La ministra de Sanidad, Mónica García, negó que exista un colapso total durante su visita a la ciudad el pasado domingo, aunque reconoció la fuerte presión sobre el sistema.
Polémica sobre la colaboración público‑privada en la sanidad
La ministra García ha sido una de las voces más críticas contra la externalización de servicios sanitarios y ha propuesto una reforma legislativa para limitar la contratación de proveedores privados. Sin embargo, se ha conocido que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependencia directa del Ministerio de Sanidad y responsable de la gestión sanitaria en Ceuta y Melilla, mantiene contratos con empresas privadas mientras el Gobierno impulsa la Ley de Gestión Pública e Integral del Sistema Nacional de Salud.
Entre los convenios más controvertidos se encuentra el acuerdo con la clínica privada Septem para la prestación de servicios de psiquiatría en Ceuta. El Partido Popular denunció una contradicción con el discurso de García, mientras el Ministerio defendió que se trata de un recurso complementario para garantizar la continuidad asistencial en situaciones excepcionales.
El Sindicato Médico de Ceuta, por su parte, ha calificado la situación de “auténtica catástrofe asistencial” y ha hablado de un “colapso absoluto”. Según el sindicato, los contratos privados revelan carencias estructurales de planificación y falta de personal, y ponen en entredicho la coherencia del Gobierno al restringir la externalización a nivel nacional mientras la mantiene en Ceuta.
Datos públicos publicados en los últimos meses indican que, desde 2020, el gasto acumulado en externalizaciones sanitarias asciende a unos 31 millones de euros en Ceuta y 19 millones en Melilla, abarcando pruebas como ecografías, mamografías, TAC, colonoscopias o densitometrías.
La polémica vuelve a poner en el punto de mira el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid, al que García ha criticado reiteradamente desde su etapa como portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional. Sus detractores sostienen que los contratos vigentes en los territorios gestionados por Ingesa evidencian una contradicción entre su postura política y la necesidad de garantizar la atención sanitaria en situaciones de emergencia.
En respuesta a la creciente presión, Mónica García ha anunciado que comparecerá ante la Cámara Baja el próximo viernes para explicar la situación sanitaria de Ceuta y la gestión de la crisis migratoria. La ministra rechazará las acusaciones de colapso formuladas por el PP y por algunos sectores sanitarios de la ciudad, aunque mantendrá su reconocimiento de la presión que soporta el sistema. El debate se centrará en los recursos movilizados por Ingesa, las condiciones de los profesionales, la capacidad hospitalaria y las medidas adoptadas para atender a los migrantes que siguen en la ciudad.
Mira tambien:
Deja una respuesta