El Gobierno recurre al 'decretazo' para aprobar el registro público de 'lobbies' ante el bloqueo parlamentario
El Consejo de Ministros, reunido este martes y el primero después de las vacaciones de verano, aprobó un Real Decreto‑ley que crea un registro público y obligatorio de lobbies. Con esta medida, el Gobierno busca reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la relación entre los grupos de interés y la administración pública.
Detalles del nuevo decreto‑ley
El proyecto de ley de lobbies había quedado estancado en el Congreso por la dificultad de alcanzar el consenso entre los diferentes grupos parlamentarios. Al aprobarse por vía de decreto‑ley, la norma entrará en vigor una vez que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y deberá ser convalidada por el Congreso en un plazo máximo de 30 días.
Según explicó la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el registro será gestionado y supervisado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano encargado de velar por la correcta aplicación de la normativa.
El decreto, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, establece los siguientes aspectos clave:
- Ámbito de aplicación: definirán como grupos de interés a todas aquellas personas jurídicas o físicas que persigan influir en la toma de decisiones de la administración.
- Actividad de influencia: se describirá detalladamente qué conductas se consideran actividades de lobby, incluyendo reuniones, comunicaciones escritas y cualquier forma de presión directa o indirecta.
- Sujetos susceptibles: se especificará qué funcionarios y cargos públicos están obligados a registrar las interacciones con los grupos de interés.
- Obligatoriedad: el registro será de carácter público y obligatorio para todos los grupos de interés que cumplan los requisitos establecidos.
Con la puesta en marcha de este registro, el Gobierno pretende dotar a la ciudadanía de una herramienta que permita conocer quiénes intentan influir en las decisiones públicas y bajo qué condiciones, garantizando así una mayor claridad y control sobre los procesos de toma de decisiones.
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