Marlaska pide "el cese de la violencia" en Ceuta y defiende los retornos de migrantes "que no cumplan las condiciones para quedarse"
El ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, compareció este viernes ante la Comisión de Interior del Congreso para responder a las preguntas sobre la gestión de la crisis migratoria que se desató en Ceuta tras las entradas irregulares masivas de los días 30 y 31 de julio. Tras su intervención, también comparecieron el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Gran parte de la exposición de Grande‑Marlaska se centró en calmar la tensión que se vive en las calles de la ciudad autónoma, donde se han registrado protestas, episodios de violencia contra migrantes, ciudadanos musulmanes y corresponsales de prensa. El ministro condenó el intento de bloquear un vehículo de la Cruz Roja que llevaba alimentos a los migrantes sin alojamiento y la quema de enseres y tiendas en la playa de Benítez, donde se habían instalado campamentos.
«Llamo a la calma y al cese de cualquier forma de violencia. La violencia no es el camino para resolver ningún problema», afirmó. También denunció el «aprovechamiento político» y la desinformación que, según él, se están utilizando para generar enfrentamiento entre la ciudadanía.
Respecto a la magnitud del fenómeno, Grande‑Marlaska estimó que se han producido unas 72 000 entradas irregulares, de las cuales alrededor de 5 000 personas siguen sin alojamiento en Ceuta. Señaló que la naturaleza de los hechos dificulta la obtención de datos exactos, pero confirmó que se han expulsado a 100 personas por la comisión de delitos y se han registrado 17 agresiones sexuales.
El ministro resaltó que los retornos voluntarios han alcanzado entre el 90 % y el 95 % de los migrantes que lo han solicitado. Asimismo, describió la ola de llegadas como «un ataque a la integridad territorial de España», subrayando que no se puede comparar con los flujos migratorios habituales y que, en todo caso, se respetará la legislación para devolver a quienes no cumplan los requisitos de asilo o acogida, especialmente en el caso de menores.
Reacciones y medidas adoptadas
Grande‑Marlaska explicó que, tras la fase de «salvamento», el objetivo es gestionar los retornos con celeridad. Para ello, se han desplegado medidas extraordinarias, como la incorporación de once especialistas de la Dirección General de Protección Internacional y la puesta en marcha de procedimientos acelerados de tramitación.
En materia de seguridad, el Gobierno ha reforzado la frontera con la llegada de 70 guardias civiles y 300 nuevos agentes de la Policía Nacional, así como 200 guardias civiles procedentes de distintas unidades, incluidos efectivos de Andalucía. Se han puesto en funcionamiento siete embarcaciones de vigilancia con 30 agentes a bordo y se ha incrementado el número total de efectivos en la zona a 1 600, entre los que destacan 40 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP).
El ministro también recordó la sentencia del Tribunal Supremo 814/2026, de 29 de junio de 2026, que dictó la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso‑Administrativo en el recurso de casación 3795/2025. La sentencia determinó que a un ciudadano argelino interceptado el 14 de noviembre de 2024, junto a dos acompañantes, no se le podía aplicar una devolución en caliente, lo que el Gobierno atribuye a la difusión desmedida en redes sociales y a la falta de control.
En cuanto a la colaboración con Marruecos, Grande‑Marlaska describió al país como un “colaborador constante y eficaz” que ha facilitado el retorno masivo de quienes no reúnen los requisitos para permanecer en España y la UE.
Los partidos políticos reaccionaron de forma diversa. El PP, a través de su portavoz Javier Celaya, pidió calma pero criticó la “desesperación e indignación” de la población y acusó al Gobierno de falta de previsión y coordinación. Vox exigió la devolución inmediata de todos los migrantes y la militarización permanente de la frontera, incluso proponiendo el cierre del paso fronterizo y la suspensión del acuerdo UE‑Marruecos, calificando la situación de “guerra híbrida”.
Por su parte, los partidos de la izquierda —Sumar, ERC, EH Bildu y PCE— cuestionaron la defensa del Gobierno de la colaboración marroquí, señalando que la crisis habría sido utilizada para desestabilizar políticamente a España. Criticaron la tardanza en la respuesta y la falta de información clara, y solicitaron trasladar a los solicitantes de asilo y menores a la Península para aliviar la presión en Ceuta.
Incluso el PNV, de centroderecha, consideró que la postura del Gobierno «no es creíble» y denunció la defensa incondicional de Marruecos como insuficiente.
Finalmente, el ministro reiteró que España tiene el deber inquebrantable de proteger la integridad de su territorio, sus fronteras y la seguridad de sus ciudadanos, sin renunciar al respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales.
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