El PP celebra la decisión del Supremo contra la "ingeniería electoral" del Gobierno con la Ley de Nietos y Vox se apunta el tanto
El Tribunal Supremo acordó este martes la suspensión cautelar de la norma conocida como la “ley de los nietos”, lo que ha provocado un enfrentamiento directo entre el Gobierno y la oposición. Los partidos del Partido Popular (PP) y Vox han calificado la medida como un freno a un supuesto intento de “alteración” electoral, mientras que la Casa del Rey ha expresado su rechazo rotundo a la decisión judicial.
Reacciones de la oposición y del Gobierno
Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, aseguró en un vídeo difundido a los medios que la resolución del alto tribunal impide un “intento de ingeniería electoral” del Gobierno para “alterar las elecciones generales” y perpetuar la presidencia de Pedro Sánchez. Según la dirigente, la sentencia representa un “varapalo” al Ejecutivo y confirma las sospechas del partido, que había denunciado que la instrucción firmada por la exdirectora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, ampliaba la norma sin competencias, convirtiéndola en un “colero”. Ezcurra añadió que el Gobierno deberá dar explicaciones y asumir la responsabilidad por intentar “regalar, en tiempo récord, la nacionalidad a cientos de miles de personas”.
Por su parte, la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, reivindicó la autoría de la paralización cautelar. En una rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados, afirmó que su partido fue el “único con representación parlamentaria” que recurrió con éxito para “suspender los efectos electorales” de la norma. Millán dirigió sus críticas tanto al PSOE como al PP, señalando que mientras el Gobierno pretendía “perpetrar un golpe a través de la alteración del censo”, los populares “se limitaron a avisarlo”. “Hoy se demuestra que hay que actuar y se puede hacer todo lo que esté en nuestra mano para parar a este Gobierno”, aseveró.
La respuesta de Moncloa llegó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra portavoz, Elma Saiz, manifestó el total desacuerdo del Ejecutivo con el fallo dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo: “No compartimos esta decisión, que va en contra del criterio del Gobierno y de la Junta Electoral Central”, afirmó al ser preguntada por la resolución.
El pronunciamiento judicial se produce tras la estimación parcial del Supremo sobre las medidas cautelares solicitadas por Vox e Iustitia Europa. La decisión deja en suspenso las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la Ley de Memoria Democrática, hasta que los consulados comprueben y acrediten de forma individual que los solicitantes cumplen los requisitos de descendencia española y haber sufrido exilio.
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