Claves de la reparación histórica de España hacia el Sáhara Occidental

El pleno del Congreso aprobó este jueves la Ley de nacionalidad saharaui, que concede la ciudadanía española a los saharauis nacidos bajo la administración española antes del 29 de septiembre de 1977. La norma, que cuenta con el respaldo de los partidos del Gobierno y sus socios parlamentarios, fue aprobada con 168 votos a favor, 145 abstenciones de PP y Junts, y 31 votos en contra de Vox.

Según los promotores del proyecto, alrededor de 100.000 personas podrían beneficiarse de la medida. El alcance incluye a saharauis que residen en el territorio del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, a los que se encuentran en los campos de refugiados de Argelia y a la diáspora en diferentes países. La ley abre un periodo de solicitud para presentar la documentación que acredite su nacimiento bajo la administración española.

Contexto y repercusión diplomática

La aprobación se produce en medio de una tensa crisis en Ceuta, donde la llegada masiva de inmigrantes ha exacerbado las relaciones entre España y Marruecos. Desde la retirada española del Sáhara Occidental en 1976, Marruecos mantiene una ocupación considerada ilegal por la ONU y el derecho internacional, argumentando que los saharauis son marroquíes. La medida ha generado incertidumbre sobre la reacción de Rabat, que en ocasiones anteriores ha utilizado la situación en Ceuta para presionar sobre cuestiones territoriales.

En 2021, la visita del presidente del Frente Polisario, Brahim Ghali, a un hospital de Logroño provocó una crisis diplomática que se resolvió tras una reorientación de la política española hacia el conflicto saharaui. Según fuentes cercanas al proyecto, la Ley de nacionalidad saharaui habría avanzado más rápidamente si el dictamen hubiese estado listo antes del receso estival.

La legislación establece que, a partir de su entrada en vigor —cuatro meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado— podrán solicitar la ciudadanía española los saharauis nacidos bajo la administración española antes del 29 de septiembre de 1977. Para acreditar su condición, se aceptarán documentos como el DNI español (aunque esté caducado), la inscripción en el censo para el referéndum del Sáhara Occidental expedido por la ONU u otros documentos administrativos que indiquen la excolonia española como lugar de nacimiento.

Una enmienda aprobada por la Comisión de Justicia distingue entre documentos de primer y segundo orden, otorgando mayor peso al DNI que a un permiso de conducir o a una pensión de jubilación.

La Ley también contempla la transmisión de la nacionalidad a los descendientes. Los hijos de los saharauis que obtengan la ciudadanía por carta de naturaleza podrán solicitarla ellos también, siempre que sus datos queden inscritos en el Registro Civil como españoles dentro de los cinco años siguientes.

Asimismo, se modifica el Código Civil para reducir el periodo de residencia necesario para la adquisición de la nacionalidad de diez a dos años, equiparándolo al de ciudadanos de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y sefardíes.

Sin embargo, la norma no cuenta con el apoyo unánime de la comunidad saharaui. Algunos activistas afirman que la prioridad del pueblo es el fin de la ocupación marroquí y no la obtención de la nacionalidad española. También critican los requisitos de identificación y la delimitación temporal, señalando que quienes nacieron entre 1976 y 1977 podrían enfrentar dificultades para demostrar que vivieron bajo la administración española.

El proyecto de ley fue presentado por el grupo parlamentario Sumar en marzo de 2024, pero permaneció estancado durante más de un año por bloqueos internos del PSOE. La exclusión de los saharauis del proceso de regularización extraordinaria como apátridas reavivó el debate y llevó a la convocatoria de una primera ponencia el 28 de abril. Tras retrasos en la segunda ponencia, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, expresó su apoyo a la medida, lo que permitió que la Comisión de Justicia aprobara el dictamen el 23 de julio, preparando el terreno para la votación en el pleno.

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