El Gobierno reconoce la presión de la UE para que no haya traslados de migrantes de Ceuta a la Península
Tras los masivos cruces de frontera registrados en Ceuta los días 30 y 31 de julio, el Gobierno español estima que alrededor de 10.000 migrantes siguen en la ciudad autónoma. No existen cifras oficiales, pero se sabe que no todos disponen de alojamiento y que, tras la autorización de la Audiencia Nacional, 1.700 personas podrán ser instaladas en un campamento temporal en el puerto de Ceuta.
Compromiso de España con la UE para evitar movimientos secundarios
El Ejecutivo ha reiterado, tanto el presidente Pedro Sánchez como el ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, que no se producirán “movimientos secundarios” de migrantes desde Ceuta hacia la península ibérica. En una reunión celebrada en Madrid con el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, el ministro garantizó que no existen ni habrá traslados de este tipo, subrayando que cualquier movimiento sería “un riesgo y una preocupación infundados”.
Esta posición responde a la presión del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que, desde este verano, limita los desplazamientos secundarios para impedir que los migrantes circulen libremente dentro del espacio Schengen. Los reglamentos europeos 2024/1348 y 2024/1349 establecen procedimientos de retorno y de protección internacional con plazos máximos de 12 semanas y la obligación de alojar a los solicitantes rechazados en áreas fronterizas o en instalaciones temporales.
Mientras tanto, la Audiencia Nacional ha levantado la suspensión que impedía la puesta en marcha del campamento de 1.700 plazas en el puerto de Ceuta, calificándolo como “una magnífica noticia” que permitirá avanzar en la normalización de la situación. El ministro de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Ángel Víctor Torres, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, han destacado la idoneidad de los terrenos portuarios y la necesidad de contar con esas plazas para gestionar la afluencia de migrantes.
En el marco de la cooperación con la Unión Europea, España ha recibido una ayuda de emergencia de 114,7 millones de euros, destinada a reforzar la capacidad de acogida, el triaje y la infraestructura de los enclaves de Ceuta y Melilla. Entre los proyectos financiados se incluyen obras en los espigones de Benzú y del Tarajal, así como la creación de un nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) con una capacidad total de 1.600 plazas.
El Gobierno también ha reafirmado su colaboración con Frontex, que mantiene la operación Minerva en los puertos de Algeciras, Ceuta y Tarifa, y con Europol, que ha desplegado en Ceuta un representante del Centro Europeo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Según el ministro del Interior, estas acciones están dando resultados positivos en la lucha contra las redes de tráfico y en la supervisión de las redes sociales.
En declaraciones públicas, los representantes del Ejecutivo han señalado que España está comprometida a “garantizar que no se produzcan movimientos secundarios, a retornar a quienes entraron de forma irregular y a asumir plenamente sus responsabilidades en materia de protección internacional, de acuerdo con el Reglamento de Dublín”. Asimismo, han pedido a la Comisión Europea que tenga en cuenta la singularidad de Ceuta y Melilla en la definición del próximo Marco Financiero Plurianual (2028‑2034) y que reconozca el esfuerzo español en la gestión de una de las fronteras exteriores más complejas de la UE.
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