Descubre cómo mi pluma acabó con él
El domingo 7 de septiembre de 1986, el dictador chileno Augusto Pinochet regresaba a Santiago desde su residencia de descanso, El Melocotón, ubicada en el Cajón del Maipo. Al descender por la cuesta de Las Achupallas, la comitiva del mandatario fue emboscada por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), organización política‑militar vinculada al Partido Comunista de Chile. Los asaltantes bloquearon la carretera y dispararon fusiles, granadas y cohetes antitanque contra los vehículos. Cinco miembros de la escolta murieron; Pinochet resultó ileso, ya que uno de los cohetes que impactó su automóvil no detonó y el vehículo logró alejarse del lugar.
El operativo, conocido como “Operación Siglo XX”, fracasó en su objetivo de eliminar al general que había encabezado el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973. El episodio reaviva una cuestión que ha atravesado la historia latinoamericana: ¿es legítimo asesinar a un tirano?
El debate sobre la legitimidad del tiranicidio
Cuatro décadas después, Pablo Iglesias, actual líder de Unidas Podemos y expresentador televisivo, defendió en un programa de debate la acción del FPMR, calificando a sus integrantes como “héroes y heroínas de la libertad”. Según el político, el intento de asesinato no fue un acto de mera violencia, sino una medida política necesaria en un contexto de represión que buscaba acelerar el fin de la dictadura. Iglesias argumentó que, en determinadas circunstancias históricas, la lucha armada puede ser el único recurso disponible para los oprimidos.
Para sustentar su postura, el profesor citó a Santo Tomás de Aquino y a Juan de Mariana. Ambos pensadores, aunque con enfoques diferentes, abordaron la idea de que el tirano pierde su legitimidad al violar el pacto social y, por tanto, el pueblo tendría derecho a removerlo, incluso mediante la fuerza. Mariana, heredero de la tradición de la Escuela de Salamanca, defendía el origen popular de la soberanía y la posibilidad de que el pueblo se libere de un gobernante que traicionara sus principios.
Sin embargo, la referencia a Mariana resulta polémica, pues su obra también contiene críticas al liberalismo económico, lo que ha generado dudas sobre la coherencia de su uso como fundamento de un acto violento.
Otros casos emblemáticos de tiranicidio en América Latina
- Gabriel García Moreno (Ecuador, 1875): El presidente conservador fue asesinado por un grupo de jóvenes liberales liderados por el poeta y periodista Juan Montalvo, quien exclamó: “¡Mi pluma lo mató!”.
- Rafael Leonidas Trujillo (República Dominicana, 1961): Un complot encabezado por militares y civiles culminó en el asesinato del dictador el 30 de mayo de 1961, episodio que inspiró la novela “La fiesta del Chivo” de Mario Vargas Llosa.
- Anastasio Somoza Debayle (Nicaragua, 1980): El último de la dinastía Somoza fue asesinado en el exilio paraguayo por un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo argentino, bajo la premisa de eliminar a un tirano que había sido derrocado.
En los casos de los Somoza, surge la interrogante de si el asesinato de un tirano que ya no ejercía el poder sigue siendo moralmente justificable. La doctrina de Tomás de Aquino y de Juan de Mariana parece centrarse en la ilegitimidad del gobierno, pero su aplicación a líderes depuestos abre un terreno ambiguo.
El debate no se limita a la cuestión moral del homicidio; también involucra la definición de legitimidad. Max Weber sostuvo que la legitimidad es la creencia de los gobernados en la validez del poder de sus gobernantes, lo que permite la obediencia sin necesidad constante de la fuerza. Cuando esa creencia se rompe, la violencia política tiende a multiplicarse, generando un círculo vicioso del que resulta difícil salir.
Así, mientras para algunos el FPMR era un grupo de combatientes populares, para otros, y para la política exterior de Estados Unidos, se les catalogó como terroristas. La misma polarización se observa hoy en regímenes como el de Nayib Bukele en El Salvador, donde sectores consideran legítimo el ejercicio autoritario del poder y tachan a sus opositores de subversivos.
En conclusión, la violencia como herramienta política siempre ha planteado la disyuntiva entre la búsqueda de la libertad y el riesgo de desencadenar un ciclo de más violencia. La reflexión sobre los tiranicidios del pasado invita a considerar con cautela los límites éticos y estratégicos de la lucha armada, recordando que la legitimidad de un gobierno es, en última instancia, una construcción social que puede ser cuestionada, pero cuya ruptura no garantiza necesariamente una transición pacífica hacia la democracia.
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