El 'narcopoli' de la UDEF podría quedar libre en dos meses si el juez no prorroga su prisión provisional
Óscar Sánchez Gil, exinspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), lleva casi dos años recluido tras su detención el 8 de noviembre de 2024. La investigación descubrió más de 20 millones de euros ocultos en sus viviendas y en su despacho oficial, lo que llevó a que la Audiencia Nacional le mantuviera en prisión provisional mientras se esclarecen su presunta implicación en una trama de narcotráfico y blanqueo de capitales.
El próximo 30 de septiembre el juez instructor, Francisco de Jorge, celebrará una vista en la que comparecerán el magistrado, la Fiscalía y la defensa de Sánchez Gil. En ella se debatirá si se prorroga la medida cautelar, cuyo primer plazo máximo expira el 8 de noviembre, fecha en la que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece el límite ordinario de dos años para delitos cuya pena máxima supera los tres años.
Posible ampliación de la prisión provisional
Según la normativa, la medida puede extenderse otros dos años si el juez considera que continúan los motivos que la justifican, lo que permitiría que la detención se prolongue hasta un máximo de cuatro años. La última resolución de la Audiencia Nacional sobre el caso tuvo lugar el 16 de mayo de 2025, cuando la Sala de lo Penal rechazó el recurso de la defensa que alegaba vulneración del derecho a la defensa y falta de razones suficientes para mantener la medida.
En aquel fallo, los magistrados resaltaron la gravedad de los hechos y las cuantías de dinero encontradas, que incluían:
- 448 110 euros en efectivo en una segunda residencia de Sánchez Gil.
- 896 400 euros escondidos en los muebles de la Jefatura Superior de Policía de Mrid.
- Dinero oculto en compartimentos construidos en techos, paredes, cajas fuertes y el jardín exterior.
- Más de 1,7 millones de euros en supuestos pagos recibidos por Sánchez Gil durante años.
Los magistrados concluyeron que la suma de esos fondos, junto con los pagos que el funcionario habría recibido, reforzaba los indicios de su presunta actividad delictiva y el riesgo de fuga.
El 13 de mayo de 2026 la Sala de lo Penal revocó el procesamiento dictado en febrero contra Sánchez Gil, Ignacio Torán (presunto líder de la trama) y otros investigados, tras un recurso de la Fiscalía Antidroga que consideró prematura la decisión judicial. La revocación no implicó el archivo de la causa ni el levantamiento de la prisión provisional; simplemente devolvió la investigación a una fase anterior, al estimar que quedaban diligencias pendientes.
La causa se centra en una supuesta organización dedicada al tráfico internacional de cocaína y al blanqueo de sus beneficios. Ignacio Torán es señalado como uno de los principales responsables de la estructura criminal y como interlocutor de Sánchez Gil. La investigación cobró mayor impulso tras la incautación, el 14 de octubre de 2024, de más de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras, el mayor alijo de esta droga registrado en España.
Según los indicios recabados, Sánchez Gil habría usado su posición dentro de la Policía para favorecer a la organización, entre otras cosas, consultando bases de datos policiales para identificar investigaciones abiertas sobre los miembros de la red. Los investigadores afirman que el exjefe de la UDEF participó en la introducción de al menos 39 contenedores, que contenían unas 73 toneladas de cocaína, de los cuales solo dos fueron interceptados, y que Torán le habría pagado más de 32 millones de euros por su colaboración.
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