Aragón acelera la construcción de más de 1.100 viviendas públicas y refuerza la coordinación del 112
El Consejo de Gobierno de Aragón ha impulsado de forma decisiva sus prioridades estratégicas en materia urbanística y de servicios públicos, tras la reunión celebrada recientemente. La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, subrayó que la respuesta a la demanda de vivienda pública constituye el eje central de la actuación gubernamental.
En este sentido, se han tomado las decisiones necesarias para avanzar en la construcción de 1 136 viviendas de protección oficial en la ciudad de Zaragoza, en colaboración con el ayuntamiento. El proyecto se articula en los Lotes 2 y 3 del programa impulsado por la Consejería de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial. Concretamente, se ha autorizado el inicio de las obras del Lote 2, que comprende 640 viviendas, y se ha otorgado la conformidad a los proyectos básicos del Lote 3, que añadirá otras 496 viviendas.
Modelo público‑privado para el alquiler asequible
La fórmula elegida se basa en una asociación público‑privada mediante una concesión demanial de 75 años sobre suelo municipal cedido por el Ayuntamiento de Zaragoza. Durante este periodo, las empresas adjudicatarias gestionarán los alquileres a precios asequibles, para que, al finalizar la concesión, la propiedad vuelva íntegramente al dominio público.
Junto al despliegue de la nueva oferta residencial, el Ejecutivo ha aprobado un convenio‑destino que mejorará la gestión de emergencias en la comunidad autónoma. El acuerdo permitirá la interconexión tecnológica de las plataformas de las Policías Locales (servicio 092) con los sistemas del Centro de Emergencias 112 Aragón, garantizando una operativa más coordinada y ágil. La iniciativa se ofrecerá, de forma voluntaria, a los ayuntamientos de Huesca, Jaca, Monzón, Utebo, Ejea de los Caballeros, Calatayud y Teruel, ampliando la prueba piloto que ya se lleva a cabo con éxito en Zaragoza.
En el ámbito judicial, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley que modifica la Ley 4/2005 de la casación foral aragonesa, adaptándola a la normativa procesal nacional derivada de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Elaborada por la Comisión Aragonesa de Derecho Civil tras el encargo recibido en julio de 2025, la reforma elimina el criterio de cuantía económica como requisito de acceso al recurso y refuerza el interés casacional como principio fundamental. El texto iniciará ahora su tramitación parlamentaria en las Cortes de Aragón.
En materia medioambiental, la administración ha licitado la construcción y puesta en marcha de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Broto‑Oto, ubicada en el Pirineo aragonés. La inversión asciende a 4 324 767,76 euros, financiada con fondos propios del Instituto Aragonés del Agua, y se distribuirá entre los ejercicios 2027 y 2030. La planta estará dimensionada para atender a una población equivalente a 1 990 habitantes, anticipándose al notable aumento estacional del municipio, que pasa de 650 residentes censados a una media de 1 700 en los meses de verano.
En el sector educativo, se ha aprobado la ampliación de la oferta de plazas de nuevo ingreso en el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Zaragoza. A partir del curso 2027‑2028, se sumarán siete plazas, elevando el cupo de 65 a 72 alumnos. Asimismo, se han autorizado convenios con once federaciones y entidades, por un total de 298 050 euros, para impulsar las Aulas de Tecnificación Deportiva durante el curso 2026‑2027, permitiendo a jóvenes combinar la formación académica con entrenamientos de alto rendimiento.
Por último, el Departamento de Bienestar Social y Familia ha prorrogado la colaboración con la Fundación Museo de la Economía, la Fundación Caja Rural de Aragón y la FAMPC, para el desarrollo de jornadas intergeneracionales de educación financiera. La iniciativa contempla la celebración de 15 nuevos encuentros distribuidos entre el resto de 2026 y el año 2027 en diversos municipios aragoneses.
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