OCU avisa de que en Madrid y Barcelona apenas quedan pisos en alquiler por menos de 700 euros
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha señalado que en Madrid y Barcelona “casi no quedan pisos por menos de 700 euros al mes”, según el análisis de la oferta de alquiler publicado en OCU Fincas y Casas. El estudio advierte que una persona con ingresos netos de 2.000 euros mensuales enfrenta “serias dificultades” para acceder a una vivienda en solitario sin realizar “un elevado esfuerzo económico”.

Para elaborar la investigación, la OCU tomó como referencia a un trabajador con contrato indefinido, que busca una vivienda completa para vivir habitualmente y cuenta con algunos ahorros. Se establecieron dos umbrales de referencia: 700 euros al mes (el 35 % de los ingresos, considerado ideal) y 1.000 euros al mes (la mediana del salario).
Datos clave del estudio
Con el umbral de 700 euros al mes, la oferta es mínima: en Madrid se localizaron apenas 13 viviendas y en Barcelona solo 9. Cuando el criterio se eleva a 1.000 euros, la situación mejora ligeramente, pero sigue siendo restrictiva. En Madrid existen 543 pisos por debajo de ese precio, mientras que en Barcelona la cifra se reduce a 150 unidades.
Sin embargo, no todas esas viviendas garantizan una estancia estable. En la capital española, el 84 % de los alquileres son temporales y, en Madrid, tres de cada diez corresponden a alquileres de corta duración.
Además, la capacidad de una persona para alquilar una vivienda no depende únicamente del sueldo. Muchos inmuebles exigen una fianza y garantías equivalentes a dos o tres mensualidades, más el mes en curso. Así, para un alquiler de 1.000 euros al mes, puede ser necesario disponer de hasta 4.000 euros de manera anticipada.
El estudio también revela diferencias significativas en la ubicación de la oferta. En Madrid, los pisos están “relativamente repartidos” entre varios distritos, mientras que en Barcelona la mayor parte se concentra en el barrio de Ciutat Vella.
Lo relevante del análisis es que el perfil de referencia no corresponde a personas en situación vulnerable, sino a individuos con empleo estable y ingresos próximos o superiores a los de una parte importante de la población trabajadora. Aun así, para estos hogares resulta necesario destinar una proporción muy alta de sus ingresos al alquiler, lo que evidencia la dificultad de acceder a una vivienda digna en ambas ciudades.
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