Soluciones a los incendios forestales: escuchar a la ciencia y a la gente del lugar
La prevención de los grandes incendios forestales exige actuar antes de que llegue el fuego. El balance del verano de 2026 vuelve a poner sobre la mesa un problema estructural que combina abandono rural, acumulación de combustible, expansión urbana y cambio climático.
España se ha enfrentado, una vez más, a una emergencia que no puede explicarse únicamente por la acción del fuego. Los incendios de gran escala son el resultado de una combinación de factores acumulados durante décadas: la pérdida de los usos tradicionales del territorio, la despoblación de zonas rurales, la acumulación de biomasa, la expansión urbanística hacia áreas forestales y el agravamiento de los fenómenos climáticos extremos.
Causas y dimensiones del problema
El impacto supera la superficie quemada. Un bosque que tardó décadas o siglos en formarse puede desaparecer en cuestión de minutos, llevándose consigo servicios esenciales para el agua, el suelo, la biodiversidad y el clima. Desde 1961, el fuego ha consumido más de 9,3 millones de hectáreas en España. Los años 1978, 1985, 1989, 1994 y 2025 se destacan como episodios particularmente graves. En 2026, hasta el 20 de agosto, la superficie quemada ya ascendía a 290 000 ha.
Además de los problemas de planificación, la precariedad laboral de los equipos de vigilancia y extinción y una gestión ineficaz, sobre todo a nivel autonómico, agravan la situación. La rendición de cuentas año tras año y el abandono de políticas forestales obsoletas son pasos obligatorios para revertir la tendencia.
El escenario se inscribe en la llamada “España vacía”. En los últimos cincuenta años la población se ha concentrado en las grandes ciudades. De los 8 131 municipios existentes, cerca de 5 000 tienen menos de 1 000 habitantes y concentran apenas el 3 % de la población nacional. Un 56,2 % de estos municipios pierden población de forma constante. Galicia, Asturias, Extremadura y Castilla y León registran pérdidas continuas, con un ligero repunte reciente que no basta para frenar el abandono de los usos tradicionales, agravado por el envejecimiento.
Más de 1,4 millones de personas mayores de 65 años viven en pueblos de menos de 5 000 habitantes, con una elevada tasa de dependencia. En las zonas de mayor despoblación el índice de envejecimiento supera el 140 % (más de 140 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16), y la feminización es notable, ya que las mujeres tienden a emigrar primero.
La recogida de leña, que en los años 50 alcanzaba entre 7,0 y 8,5 millones de estères (unidad que equivale a un metro cúbico), se desplomó en los 70 a 2,5‑3,5 millones debido al éxodo rural y la llegada del gas butano. En los 90 la cifra bajó a 1,0‑1,2 millones, reduciéndose a usos recreativos y calefacciones aisladas. Actualmente ha repuntado ligeramente a 1,4‑1,8 millones, impulsado por la crisis energética de 2022 y el encarecimiento de la luz y el gas.
Paralelamente, la agricultura y ganadería tradicionales han sufrido un colapso. El ganado ovino pasó de más de 24 millones de cabezas a mediados del siglo XIX a 15 millones en 2021; en los últimos 25 años la cifra se ha reducido un 44 % (pérdida de 10,7 millones de animales). El ganado vacuno, que rondaba los 3 millones a principios del siglo XX, llegó a 6,37 millones en 2024, descendiendo a 6,17 millones en 2025. El caprino, con 2,8 millones en 1994, ha disminuido de forma progresiva sin señales de recuperación. Más del 80 % de las razas autóctonas están en peligro de extinción por falta de rentabilidad y abandono del medio rural.
Estas actividades de extracción masiva de biomasa constituían, en su momento, una gestión forestal sostenible: rompían la continuidad del combustible y mantenían un paisaje en mosaico. Sin embargo, desde los años 50 se han repoblado más de 3,5 millones de hectáreas con especies de alta capacidad pirófila, como eucalipto, Pinus pinaster en el norte y Pinus radiata, lo que aumenta la vulnerabilidad al fuego.
La gestión autonómica deficiente, los recortes en prevención y extinción, la proliferación de urbanizaciones en la interfaz urbano‑forestal y el agravamiento del cambio climático (con el número de días de riesgo extremo duplicándose en la península ibérica desde 1981) completan la ecuación.
Datos clave
- Superficie quemada desde 1961: >9,3 M ha.
- Años críticos: 1978, 1985, 1989, 1994, 2025.
- Incendios en 2026 (hasta 20 de agosto): 290 000 ha.
- Municipios con <1 000 hab.: ~5 000 (≈3 % de la población).
- Porcentaje de municipios que pierden población: 56,2 %.
- Personas mayores de 65 años en pueblos <5 000 hab.: 1,4 M.
- Leña consumida (2022‑2023): 1,4‑1,8 M estères.
- Ganado ovino en 2021: 15 M (‑44 % en 25 años).
- Ganado vacuno 2025: 6,17 M.
- Superficie repoblada con especies pirófilas: >3,5 M ha.
- Gasto en prevención: 0,4 % del presupuesto público de incendios.
El riesgo de incendios se ha duplicado en los últimos 40 años en el Mediterráneo por sequías, temperaturas más altas y olas de calor. El fenómeno no es exclusivo de España: en 2026, Francia quemó 150 000 ha y Portugal y Grecia también sufrieron grandes incendios. Ecosistemas tan distantes como la Columbia Británica, Oregón o el Amazonas han experimentado incendios de magnitud sin precedentes.
La prevención y vigilancia son competencias autonómicas, pero a menudo no asumen la responsabilidad completa. Las políticas forestales siguen ancladas a esquemas centroeuropeos inadecuados para el clima mediterráneo. La precariedad laboral es extrema: bomberos y agentes forestales trabajan solo unos meses al año bajo contratos temporales, lo que impide la especialización y la continuidad operativa.
El gasto en prevención representa apenas el 0,4 % del presupuesto destinado a la lucha contra incendios, muy por debajo de países como Francia, Polonia, Noruega o Luxemburgo. La inversión se concentra en la extinción (helicópteros, brigadas), mientras que la planificación del monte para evitar su combustión permanece marginada, generando lo que muchos denominan “el negocio del fuego”.
Propuestas de solución
- Planificar los ecosistemas forestales creando mosaicos y dehesas que actúen como cortafuegos naturales.
- Restaurar el pastoreo extensivo basado en la ciencia y en razas autóctonas.
- Estabilizar a bomberos y agentes forestales con contratos anuales y formación continua.
- Invertir en infraestructuras verdes: cortafuegos estratégicos, puntos de agua, caminos de acceso rápido.
- Eliminar urbanizaciones ilegales y ampliar las franjas de seguridad en la interfaz urbano‑forestal.
- Imponer planes de autoprotección obligatorios y frenar la construcción en suelo forestal y en áreas Natura 2000.
- Coordinar la planificación forestal a nivel estatal con presupuestos suficientes y colaboración entre comunidades autónomas.
- Implementar políticas de revitalización rural que fomenten asentamientos, actividades sostenibles y la recuperación de oficios tradicionales.
Las soluciones están formuladas por la ciencia; lo que falta es la voluntad política para aplicarlas. El coste de la inacción es alto, y si no se planifica ahora, 2027 podría resultar aún peor, con los pronósticos del “Niño Godzilla” ya confirmados. Como reza un proverbio chino, “si quieres salir de un agujero, deja de cavar hacia abajo”.
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