Vivienda en Euskadi: un 'derecho subjetivo' exigible ante un juez que ya beneficia a 18.500 familias
El artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho de todos los españoles a “disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Sin embargo, en la práctica este precepto ha quedado más como una aspiración que como una exigencia firme por parte de la clase política. En el País Vasco, hace más de una década se dio un paso decisivo al reconocer el “derecho subjetivo” a una vivienda.
Derecho subjetivo a la vivienda y su reconocimiento judicial
Este derecho no solo puede ser reclamado mediante manifestaciones o acampadas, sino que también puede ser solicitado a través de la vía judicial. Actualmente, alrededor de 18.500 familias vascas ya cuentan con este reconocimiento, lo que obliga a la administración pública a ofrecer una solución habitacional al titular del derecho o a compensar económicamente para que pueda alquilar una vivienda.
La Ley 3/2015, de 18 de junio, fue pionera al garantizar a todas las personas o unidades de convivencia una solución habitacional o una prestación pública suficiente para disfrutarla. En caso de que la administración no cumpla, los ciudadanos que cumplan los requisitos pueden acudir a los tribunales para exigir su cumplimiento.
En la práctica, ante la escasez de viviendas disponibles, la administración vasca ha optado, desde 2016, por el pago de una compensación de hasta 300 euros al mes para sufragar el alquiler. Esta ayuda, conocida como Prestación Económica de Vivienda (PEV), está sujeta a unos umbrales de ingresos:
- Unidades de convivencia de tres o más miembros: ingresos inferiores a 20 000 € anuales.
- Unidades de convivencia de dos miembros: ingresos inferiores a 18 000 € anuales.
- Solicitante individual: ingresos inferiores a 14 000 € anuales.
Otro requisito indispensable para acceder a estas ayudas es estar inscrito en el servicio de vivienda del Gobierno Vasco, Etxebide, durante al menos tres años y acreditar, al menos, un año de residencia en el País Vasco.
El sistema público de vivienda vasco se organiza en tres ámbitos de ayuda: juventud, renta y situaciones de emergencia. La PEV está directamente vinculada al reconocimiento del derecho subjetivo a una vivienda; cuando no hay disponibilidad de viviendas de protección oficial (VPO) para alquiler, se satisface mediante la ayuda económica mensual.
Esta medida está dirigida a colectivos con importantes dificultades económicas y se complementa con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que cubre necesidades básicas e incluye apoyo al pago de gastos vinculados a la vivienda. Asimismo, existen las Ayudas de Emergencia Social (AES) gestionadas por los ayuntamientos, destinadas a financiar costes de hipotecas, suministros básicos (luz, agua, gas) o alquileres.
Para los jóvenes que enfrentan problemas de acceso a la vivienda, el Gobierno vasco ha puesto en marcha programas como “Gaztelagun”, que ofrece una ayuda al alquiler en el mercado libre de hasta el 50 % de la renta mensual para personas de 18 a 35 años con ingresos anuales inferiores a 30 000 € (36 764 € en unidad familiar). Las rentas de alquiler no pueden superar los 900 € en las tres capitales vascas y los 750 € en el resto de municipios. Otro programa, “Emantzipa”, favorece la emancipación de jóvenes de 23 a 29 años con una ayuda de 300 € al mes durante un máximo de dos años.
El precio de la vivienda en el País Vasco ha experimentado un fuerte aumento, lo que ha impulsado el número de solicitantes. Según datos de Etxebide, se registraron casi 110 000 unidades de convivencia que solicitaron una vivienda, lo que supone un incremento del 5,3 % en un solo año. De esas solicitudes, el 85 286 correspondieron a viviendas de alquiler y 24 497 a la compra de pisos.
Geográficamente, Bizkaia concentra el 53 % de las solicitudes, seguido de Gipuzkoa con el 29 % y Álava con el 17 %. La mayoría de las peticiones provienen de hogares unipersonales (69 000), seguidos por unidades de dos miembros (17 560) y de tres o más miembros (23 181). La renta media ponderada de todo el conjunto de demandantes se situó en 16 272 € anuales.
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