Sánchez calibra el adelanto electoral con el PSOE enchufado y la calle incendiada por la vivienda
El Congreso de los Diputados rechazó este viernes los dos decretos‑ley sobre vivienda que el Gobierno había presentado, lo que ha intensificado los rumores de un posible adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre.

Rechazo parlamentario y su impacto político
El primer decreto‑ley, que incluía medidas como la protección contra desahucios para personas vulnerables, bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios, el IVA reducido al 10 % para los pisos turísticos y la regulación de los alquileres temporales, fue derrotado por 178 votos a favor de los partidos de Junts, PP y Vox y 172 en contra, representados por PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, Compromís, BNG y Coalición Canaria.
El segundo texto, que pretendía prorrogar indefinidamente la duración de los contratos de arrendamiento, también cayó, con 184 votos a favor de la misma coalición de derechas (incluyendo también a PNV y CC) frente a 166 en contra.
El rechazo dejó al Ejecutivo sin salida inmediata y abrió la posibilidad de convocar elecciones anticipadas, una opción que el presidente Pedro Sánchez está sopesando tras consultar a su equipo y a los líderes de su partido.
Durante la sesión, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió en la tribuna el contenido del primer decreto‑ley, recordando casos como el de Maricarmen Abascal, una anciana desalojada que se ha convertido en símbolo de la crisis habitacional. Al finalizar su intervención, Rodríguez pronunció: «Hagan lo correcto, porque la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan», frase que fue citada por varios portavoces del Gobierno.
Tras el voto, el presidente Sánchez se retiró al Palacio de la Moncloa, donde planea pasar el fin de semana evaluando la reacción social y los escenarios posibles antes de tomar una decisión definitiva. Según fuentes cercanas al mandatario, la convocatoria de elecciones se baraja como la vía más viable para aprovechar el actual clima de descontento con las derechas y la creciente movilización social en torno a la vivienda.
Los ministros y asesores del Gobierno coinciden en que la ventana electoral del 29 de noviembre representa una oportunidad estratégica, aunque también reconocen los riesgos de acortar la legislatura y de enfrentar una campaña marcada por la crisis de Ceuta y la presión de los partidos independentistas.
En la calle, las protestas continúan, especialmente en la Puerta del Sol, donde manifestantes de la izquierda demandan medidas efectivas para la vivienda. Encuestas recientes indican que el 67,5 % de los encuestados apoya la limitación de precios en el mercado inmobiliario, con mayorías también entre votantes de PP (56,5 %) y Vox (55,2 %).
Dentro del PSOE, la discusión interna se intensifica: algunos dirigentes consideran que las elecciones anticipadas son la única salida para romper el bloqueo parlamentario, mientras que otros temen que la convocatoria pueda generar incertidumbre y reforzar la narrativa de la derecha sobre inmigración y unidad nacional.
El futuro de la legislación sobre vivienda y la posible convocatoria de elecciones seguirán siendo los temas centrales de la agenda política en los próximos días, mientras el presidente Sánchez evalúa la mejor estrategia para “resolver el problema del acceso a la vivienda” y mantener la estabilidad del Gobierno.
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