Meloni aplica su máxima de ley y orden en una prueba de fuego para la derecha ante el desafío de los violentos
El fin de semana pasado la ola de violencia que se ha extendido por varias ciudades de Francia llegó también a Italia. En Milán, la capital financiera del país, jóvenes de la periferia y delincuentes aprovecharon la situación para cometer saqueos indiscriminados en comercios y locales, lo que ha convertido la protesta por la escalada del coste de la vida en una revuelta callejera.
La presidenta del Gobierno, Giorgia Meloni, del partido ultraconservador Fratelli d’Italia, respondió con un decreto‑ley de urgencia que, de facto, reforma varios artículos del Código Penal. El texto entró en vigor de inmediato, aunque deberá ser convalidado por el Parlamento dentro de los 60 días que establece la Constitución, y puede ser modificado durante su tramitación.
Medidas del Gobierno
El decreto prevé el despliegue de 500 soldados adicionales en Milán, destinados a reforzar la seguridad en los puntos más conflictivos. No se les otorgan competencias policiales, una decisión que quedó rechazada por el presidente de la República, Sergio Mattarella. Asimismo, se introduce una presunción de culpabilidad para menores de 14 a 17 años, salvo que se demuestre lo contrario, y se responsabiliza económicamente a los padres cuando el infractor sea menor.
En paralelo, los camioneros del sur de Italia iniciaron una huelga el viernes para protestar contra el aumento de los precios de los combustibles. El Gobierno ha anunciado un paquete de ayudas de 1.000 millones de euros y ha señalado que la movilización se mantendrá hasta el martes 27, fecha en la que los representantes del sector volverán a reunirse con las autoridades. La presidenta Meloni aún no ha indicado si aplicará el mismo rigor contra los camioneros, un sector que históricamente ha mostrado apoyo a su partido.
El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, de tendencia centrista, respaldó la decisión de reforzar la seguridad, aunque subrayó la necesidad de abordar “un problema generacional evidente”. En declaraciones a la prensa, Sala afirmó que “lo primero en esta fase crítica es el control y la represión de estos fenómenos, sin que eso signifique estar en contra de la presencia de 500 militares”.
En las redes sociales circuló el llamado a saquear comercios y atacar instalaciones universitarias, como la Universidad Bocconi. Un grupo autodenominado “Movimiento 17 de octubre”, que se describe como “un movimiento no estructurado que busca concienciar políticamente a los jóvenes italianos”, acusó al Gobierno de reprimir la disidencia y de responder al descontento juvenil con “porras y decretos”. En su comunicado en Telegram, el movimiento declaró: “No nos representa nadie más que nosotros mismos. Antes de decidir qué exigir, queremos entender juntos por qué nos lo han quitado todo, quién lo ha hecho y cómo podemos recuperarlo”.
El profesor Matteo Re, de la Universidad Rey Juan Carlos, comentó que las multas a los responsables podrían ser la medida más eficaz, aunque advirtió que enviar soldados a Milán no garantiza que los saqueos no se trasladen a otras ciudades. “La impunidad no puede ser el mensaje”, señaló, y añadió que la presencia de fuerzas del orden actuando con violencia contra jóvenes podría resultar contraproducente.
Las protestas, tanto de los jóvenes como de los camioneros, reflejan un malestar profundo provocado por la creciente precariedad y la falta de oportunidades para la juventud. El Gobierno, compuesto por tres fuerzas conservadoras, también está bajo presión por la cuestión migratoria, que agrava las carencias del sistema social.
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