Las jubilaciones demoradas suponen un 12% del total en 2026 frente al 83% estimado por la Seguridad Social
La reforma del sistema de pensiones aprobada en 2023, impulsada por el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien actualmente preside el Banco de España, introdujo penalizaciones económicas de hasta el 30 % sobre la cuantía de la pensión final. El objetivo era desincentivar el retiro anticipado y fomentar carreras laborales más largas, con la intención de aliviar la presión que la jubilación masiva de la generación del baby boom ejercerá sobre las cuentas de la Seguridad Social.
Para lograrlo, la normativa estableció que los trabajadores que se jubilen después de los 65 años, siempre que hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses, o después de los 66 años y 10 meses si su periodo cotizado es inferior, se enfrentarían a reducciones de su pensión. La medida pretendía retrasar la edad efectiva de jubilación y contener el aumento del gasto en pensiones durante las próximas décadas.
Desviación entre las proyecciones y la realidad
Los datos acumulados hasta agosto de 2026 revelan que la estrategia no ha producido los resultados esperados. Las jubilaciones demoradas —aquellas en las que el trabajador se retira después de la edad ordinaria bajo los supuestos antes descritos— representan el 12 % del total de altas en los ocho primeros meses del año, lo que equivale a aproximadamente 28 800 trabajadores de un total de 247 200.
En años anteriores a la reforma, la proporción de jubilaciones demoradas estaba por debajo del 5 %. Desde la introducción de los desincentivos, la tasa ha ido en aumento:
- 2022: 5,4 %
- 2023: 8,1 %
- 2024: 9,3 %
- 2025: 10,9 %
- Enero‑agosto 2026: 11,6 %
Sin embargo, estas cifras distan mucho de los cálculos oficiales del Gobierno. En 2023, el Ministerio de Seguridad Social, bajo la dirección de Escrivá, remitió a la Comisión Europea una proyección de gasto público en pensiones hasta 2050 que incluía la estimación de 285 000 jubilaciones demoradas sobre un total de 345 000 altas para 2026, lo que equivaldría al 83 % del total, frente al 11,6 % registrado.
La discrepancia tiene repercusiones económicas significativas. Según el informe enviado a Bruselas, los incentivos a la jubilación demora permitirían reducir el gasto en pensiones en un 0,14 % del PIB en 2025 (unos 2.300 millones de euros) y un 0,17 % en 2026 (aproximadamente 2.900 millones de euros). No obstante, los cálculos del diario El Independiente indican que, aplicando la proporción real observada, el ahorro esperado se reduciría a unos 300 millones de euros en 2025 y 400 millones en 2026.
La sobreestimación no se limita a las jubilaciones demoradas. La reforma también contemplaba otras medidas, como el aumento de los ingresos mediante el refuerzo de las cotizaciones sociales y la elevación gradual de la edad ordinaria de jubilación de 65 a 67 años. Se proyectaba que el gasto en pensiones contributivas caería al 11,22 % del PIB en 2025, frente al 12,27 % que habría representado sin la reforma.
Los datos reales muestran lo contrario: el desembolso final de pensiones en 2025 alcanzó casi 212.400 millones de euros, lo que supone el 12,6 % del PIB, superando incluso la estimación del escenario sin reforma.
Ante este panorama, algunos analistas advierten que el próximo Gobierno podría verse tentado a ampliar la edad de jubilación hasta los 70 años, combinando esta medida con el envejecimiento de la generación del baby boom para intentar equilibrar el sistema. No obstante, la experiencia de la reforma de 2023 sugiere que, sin un ajuste integral del modelo de financiación, la presión sobre la Seguridad Social persistirá.
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