Justicia cree que Nervis Villalobos falsificó los papeles para su nacionalidad pero descarga la responsabilidad en la notaría
Nervis Villalobos, exviceministro de Venezuela, ha decidido no declarar este viernes ante el juez Santiago Pedraz, quien investiga un presunto delito de falsedad documental relacionado con la obtención de la nacionalidad española a través de la llamada “ley de nietos”. El magistrado había solicitado que el exfuncionario compareciera con los documentos originales que respaldaban su solicitud, pero tras rechazar la petición de aplazamiento, Villalobos se acogió a su derecho a guardar silencio, aunque su defensa señaló que está dispuesto a declarar cuando pueda presentar toda la documentación pertinente.
La investigación y la documentación requerida
El juez Pedraz solicitó específicamente los documentos que Villalobos utilizó para acreditarse bajo la Ley de Memoria Democrática, entre ellos el certificado de nacimiento y el pasaporte español de su abuela. El exviceministro sostiene que dichos originales fueron entregados presencialmente y en formato papel al Registro Civil Central, por lo que considera que corresponde a esa institución proporcionar los documentos al procedimiento.
El Ministerio de Justicia ha defendido que la tramitación de la nacionalidad se ajustó al procedimiento legal y que no hay indicios de irregularidad atribuibles a los funcionarios involucrados. Según fuentes consultadas por El Independiente, la documentación aportada fue certificada por un notario y no se ha detectado falsedad en la gestión administrativa.
Las mismas fuentes subrayan la necesidad de separar las gestiones realizadas por personas del entorno de Leire Díez —a quien algunos califican de “cloacas del PSOE”— del expediente que permitió a Villalobos obtener la nacionalidad.
Villalobos había intentado obtener la nacionalidad española en anteriores ocasiones. Su primera solicitud, presentada por residencia en febrero de 2017, fue denegada en julio de 2020. Una segunda petición, registrada en abril de 2024, también fue rechazada en octubre de 2025. Finalmente, logró la nacionalidad mediante la vía prevista en la Ley de Memoria Democrática; la solicitud fue estimada el 21 de abril de 2025 y la inscripción se formalizó el 23 de octubre de ese mismo año.
La “ley de nietos”, objeto de la actual investigación, permite que descendientes de españoles adquieran la nacionalidad siempre que acrediten, entre otros requisitos, que su antepasado perdió o renunció a la nacionalidad como consecuencia del exilio. En el caso de Villalobos, la documentación indicaba que su abuela salió de España en 1954, cumpliendo así el rango temporal (1936‑1955) exigido por la norma.
El magistrado Pedraz debe determinar si los documentos presentados son auténticos. La defensa alega que los originales permanecen en poder del Registro Civil Central y ha solicitado al juzgado la suspensión de la comparecencia hasta su recuperación; sin embargo, el juez ha mantenido la citación y Villalobos ha optado por no declarar.
El Ministerio de Justicia insiste en que la ausencia de los originales no implica ninguna irregularidad en la actuación de los funcionarios. “El expediente se tramitó conforme a la ley y con la aprobación de cuatro funcionarios”, afirman las fuentes consultadas.
Esta semana, dos altos cargos del Ministerio han comparecido como testigos ante Pedraz, asegurando no haber observado irregularidades en la concesión de la nacionalidad. Una funcionaria declaró el miércoles y otro responsable de Justicia lo hizo el viernes, tras la comparecencia de Villalobos.
En cuanto a la posible responsabilidad del notario que certificó la documentación, el Ministerio señala que la autenticidad de los documentos corresponde a la investigación judicial, no a la gestión administrativa. “La Audiencia Nacional ha imputado a Villalobos por falsedad documental; no se ha imputado al Ministerio, que actuó conforme a lo previsto”, explican las fuentes.
El caso también se enlaza con la llamada “investigación Leire”, en la que Pedraz examina las gestiones que la exmilitante socialista Leire Díez habría realizado en torno a la situación administrativa y financiera de Villalobos. En diciembre de 2024, Díez escribió a Villalobos: “Necesito hablar contigo de la nacionalidad”. En enero de 2025 volvió a presionar al abogado Ismael Oliver para retomar la cuestión, alegando que Villalobos estaba “muy vulnerable frente a los policías y fiscales”.
Según el Ministerio, esas gestiones no influyeron en la resolución administrativa, ya que la solicitud que se denegó previamente fue diferente de la que finalmente dio resultado bajo la Ley de Memoria Democrática. La investigación judicial deberá ahora determinar si los documentos presentados para esa vía eran auténticos.
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