El jefe de la UCO y Balas evitaron desvelar qué agentes investigaban el 'caso David Sánchez' para "protegerlos" del DAO
El director‑operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, intentó convocar en julio de 2024 a los agentes que investigaban al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La propuesta fue rechazada por el entonces jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Rafael Yuste, y por el responsable del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN), el teniente coronel Antonio Balas, que consideraron que la reunión podía revelar la identidad de los investigadores implicados en una causa de especial sensibilidad.
La decisión se tomó el lunes 15 de julio de 2024, cuando Yuste informó a Balas de la convocatoria de Llamas para el día siguiente en la sede de la unidad. Según fuentes citadas por El Independiente, el DAO había indicado que debían asistir los investigadores de las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Bajoz sobre el hermano del presidente. Balas y Yuste acordaron limitar la asistencia al oficial coordinador de la investigación y a Balas mismo, con el objetivo de “proteger” a los agentes de la cúpula del Instituto Armo.
Desarrollo de los hechos
El encuentro tuvo lugar el 16 de julio, con la presencia de Llamas, Yuste, Balas y el oficial coordinador. Llamas explicó que asistía por orden del entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, quien también era investigado en la misma causa, junto a la directora Mercedes González. En la reunión solicitó la acumulación de todos los recursos necesarios para acelerar la investigación, sin precisar el motivo de la supuesta urgencia.
Cuatro días antes, el 12 de julio, Marcos había convocado a Yuste y al responsable de la Policía Judicial para reprocharles el contenido de las actuaciones sobre el caso David Sánchez. El director general describió el oficio de la unidad como “totalmente prospectivo y malintencionado” y afirmó que la credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil estaba “por los suelos”. Además, exigió que el informe sobre los correos electrónicos se entregara antes del 19 de julio, una fecha que Yuste calificó de materialmente imposible.
En declaraciones posteriores, los mandos también atribuyeron a Llamas la indicación de que, en procedimientos con “afectación política”, los agentes debían adoptar una postura no proactiva y “ponerse de perfil”. El DAO negó haber transmitido esa instrucción.
Meses después, la preocupación por la identidad de los investigadores resurgió en el contexto de la causa Leire Díez. El 16 de marzo de 2025, el abogado Ismael Oliver escribió a Díez solicitando conocer “la identidad y la coincidencia” de los funcionarios que habían participado en los informes de la UCO sobre el fiscal general del Estado, Begoña Gómez, el sector de hidrocarburos y el caso Koldo, así como identificar a sus superiores. La respuesta de Díez se limitó a un escueto “Estoy en ello”.
En paralelo, el DIECAN alertó de una supuesta campaña de descrédito contra la unidad y sus investigadores. Un despacho elaborado el 6 de mayo de 2025, dirigido al jefe de la UCO, señalaba que personas vinculadas al PSOE y a la empresa de hidrocarburos Hafesa, entre ellas Leire Díez, estarían promoviendo acciones para desacreditar a los agentes, presumiblemente con influencia sobre la directora general Mercedes González.
El 8 de mayo, durante un despacho ordinario, Llamas entregó dicho documento al jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, quien lo remitió a Yuste. Según la reconstrucción de la UCO, el DAO había comunicado que González conocía la existencia de la campaña pero no se había tomado ninguna medida al respecto.
En septiembre de 2025 la relación entre la dirección y los mandos de la unidad volvió a ser objeto de escrutinio. El 1 de ese mes, por orden de Mercedes González, se abrió una información reservada tras la publicación en El Mundo de supuestas intromisiones del DAO en investigaciones de la Policía Judicial que involucraban al Gobierno. La directora solicitó que se investigara quién había facilitado la información al periódico y exigió a la UCO un organigrama detallado de los equipos vinculados a investigaciones sobre la esposa y el hermano del presidente, José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, con la identificación nominativa de los oficiales involucrados.
La petición llegó a la UCO el 5 de septiembre y, cinco días después, el 10 de septiembre, la unidad remitió el organigrama del DIECAN, con los grupos que lo integraban y los números de identificación profesional (TIP) de los oficiales que habían intervenido en las diligencias judiciales. La información reservada incluyó citaciones como testigos al jefe de Policía Judicial, al jefe de la UCO y a Balas. El jefe de la Oficina de Prensa de la unidad declaró al respecto el 16 de septiembre.
El general instructor propuso archivar las actuaciones el 3 de octubre de 2025, argumentando que el artículo que originó el expediente no identificaba expresamente a la UCO como fuente de la información pública. La propuesta se concretó sin que se impusiera responsabilidad disciplinaria, dejando constancia de cómo la identidad de los investigadores de la UCO se convirtió en un asunto especialmente sensible.
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