Resolución en tres meses y teleasistencia universal: el Gobierno inyecta 7.240 millones para reformar la dependencia
El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto‑Ley que refuerza la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SA). Impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la norma compromete una inversión estatal de 7.240 millones de euros hasta 2027, con el objetivo de garantizar una cofinanciación equitativa del 50 % entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y, al mismo tiempo, agilizar la tramitación de los expedientes.
Este incremento supone un aumento del 124 % respecto a los fondos asignados al inicio de la legislatura en 2023 y cuadruplica los recursos disponibles en 2020, antes de la puesta en marcha del Plan de Choque para el sistema asistencial.
Principales novedades para los usuarios
Entre los cambios más relevantes, el plazo máximo para que las administraciones autonómicas valoren y resuelvan el Programa Individual de Atención (PIA) se reduce de seis a tres meses, estableciendo un tope rígido de 90 días. Con esta medida se pretende eliminar el denominado “limbo de la dependencia”, en el que personas reconocidas como dependientes permanecen sin percibir la prestación ni el recurso asignado.
El decreto también modifica el catálogo asistencial para reforzar la atención domiciliaria. La teleasistencia pasa a ser un derecho universal y gratuito para todas las personas con reconocimiento de dependencia, independientemente de su grado (I, II o III). El servicio funcionará 24 horas al día, los 365 días del año, sin que sea necesario renunciar a otras ayudas o plazas.
El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) se amplía para incluir intervenciones fuera del interior de la vivienda, facilitando el acompañamiento a citas médicas, gestiones cotidianas o paseos. Además, se permite la atención compartida entre varios usuarios que residan cerca o en el mismo edificio, siempre que no se reduzca la intensidad horaria garantizada a cada beneficiario.
En cuanto a las prestaciones económicas, se mantienen las cuantías máximas según el grado de dependencia reconocido:
- Grado I (dependencia moderada): prestación máxima de 317 euros al mes.
- Grado II (dependencia severa): prestación máxima de 542 euros al mes.
- Grado III (gran dependencia): prestación máxima de 782 euros al mes.
La puesta en marcha de estos recursos coincide con el vigésimo aniversario de la Ley de Dependencia de 2006. Desde su aprobación, el reparto de costes se había desvirtuado: tras los recortes presupuestarios de 2012, las comunidades autónomas llegaron a asumir entre el 70 % y el 80 % del gasto total. Con la financiación comprometida hasta 2027, el Gobierno busca restablecer el equilibrio original del 50 %/50 % y dotar a las administraciones autonómicas de los recursos necesarios para contratar evaluadores, simplificar los expedientes y cumplir el plazo de tres meses en la resolución de cada solicitud.
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