11-N: una huelga inútil
La huelga general del pasado 11 de noviembre no alcanzó los resultados esperados. Lo constatan los dirigentes sindicales Unai Sordo y Pepe Álvarez, veteranos de numerosos conflictos laborales, quienes reconocen que la movilización, pese a su fuerte carga política, quedó lejos de los objetivos planteados. CCOO y UGT, con el respaldo de CGT, realizaron una gran movilización, pero el desenlace se percibe como un fracaso que podría dañar la credibilidad de los sindicatos que pretenden ser la guardia de los valores de la izquierda ante un posible gobierno del PP y Vox.
Desarrollo de la huelga
El paro se concentró principalmente en Cataluña, País Vasco, Asturias y en empresas donde CCOO, UGT y CGT tienen una presencia significativa. Los piquetes fueron empleados de manera intensiva, bloqueando la salida de autobuses en las grandes ciudades y obstruyendo vías de comunicación esenciales. Se registraron incidentes, detenciones y heridos, hechos que los propios sindicatos pretenden usar para reforzar la imagen de que han puesto el ritmo del conflicto a la par del partido, consolidándose como una fuerza de presión para el PSOE.
Una de las manifestaciones más llamativas fueron los “piquetes informativos”, que según los críticos aportan escasa información pero generan gran intimidación. En un contexto democrático, donde los líderes sindicales aparecen cotidianamente en los medios, estos puestos de control parecen más orientados a obligar a quienes no querían participar a acudir a la huelga bajo la amenaza de impedirles llegar a sus puestos de trabajo o de emplear la fuerza física.
Resulta paradójico que los canales de televisión más proclives a la huelga no hayan sido los que se declararon en paro, mientras que medios con líneas editoriales menos afines, como Telemadrid o Canal Sur, se vieron obligados a modificar su programación ante la presión de los piquetes. Este hecho pone de relieve una supuesta discriminación sindical basada en la orientación editorial de los medios: a los que apoyan les exigen mantener la actividad a máxima intensidad, mientras que a los que no, se les presiona para que interrumpan sus emisiones.
Desde el punto de vista político, la violencia asociada al paro —tanto la protagonizada por los huelguistas como la atribuida a la Policía, bajo la dirección del ministro del Interior, José Luis Márquez— no favorece al Gobierno ni al PSOE. La presencia de enfrentamientos refuerza la percepción de que el partido se está radicalizando, lo que podría explicar la transferencia de voto socialista al PP. Al mismo tiempo, la represión policial puede alejar a los votantes del Frente Amplio, que demandan una mayor tolerancia policial frente a la protesta social.
Para el Ejecutivo, el objetivo probable es minimizar el impacto del 11‑N y evitar que la jornada influya en los resultados electorales. Sin embargo, los líderes sindicales también han sufrido un revés: al alinearse con una estrategia política, arriesgan la confianza de numerosos trabajadores que se sienten utilizados y podrían alejarse de los sindicatos, especialmente en el sector privado, donde su adherencia ya está en descenso.
Por su parte, la derecha no ha sabido capitalizar el paro como una victoria. Algunos de sus portavoces han calificado a los sindicatos de “mafias”, una postura que ignora el reconocimiento constitucional de los sindicatos como instrumentos esenciales para el diálogo social. Según el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cualquier proyecto de “reconstrucción nacional” debe contar con la colaboración de las organizaciones sindicales y empresariales, manteniendo el ámbito de su actuación estrictamente laboral y favoreciendo el consenso.
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