El PSOE arranca la campaña electoral sin entregar a Pedraz la lista de abogados que contrató en la etapa de las 'cloacas'
El PSOE ha iniciado la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre mientras mantiene pendiente un requerimiento de la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz, instructor del llamado “caso Leire”, sigue a la espera de la documentación relativa a los abogados y consultoras contratados por el partido entre 2021 y 2025. Según fuentes jurídicas citadas por El Independiente, el último plazo fijado por el magistrado expira el lunes 16 de noviembre.

Plazo y requisitos exigidos por la Audiencia Nacional
El requerimiento se remonta a principios de octubre, cuando el juez Pedraz solicitó al PSOE un listado exhaustivo de los abogados, despachos y consultoras que hubieran sido contratados tanto por los órganos centrales como por los territoriales del partido en el período mencionado. Además, pidió la documentación que justificara dichos servicios y los expedientes internos que autorizaron los pagos. La providencia excluye, a priori, la información que pudiera estar amparada por el secreto profesional.
Tras la falta de respuesta inicial del partido, el juez concedió 48 horas para la entrega, pero la unidad jurídica del PSOE advirtió que aún no podía suministrar la información, alegando la necesidad de preservar el secreto profesional y la dificultad de recopilar los datos en plena campaña electoral. También esperaban un pronunciamiento del Consejo General de la Abogacía Española sobre la posible afectación de la información al secreto profesional.
El 23 de octubre, Pedraz desestimó esos argumentos, estableció un nuevo plazo de quince días, sin posibilidad de prórroga, y recordó que la consulta al Consejo General de la Abogacía no tiene efecto suspensivo. El magistrado señaló que la solicitud del partido no identificaba documentos concretos ni justificaba de forma precisa la alegada vulneración del secreto profesional; por tanto, cualquier documento protegido debía ser señalado individualmente.
Pagos a abogados implicados en la investigación

Según la investigación de la Unidad de Coordinación Operativa (UCO), el PSOE habría pagado con fondos del partido a dos abogados vinculados al caso:
- Jacobo Teijelo, contratado en noviembre de 2024, habría recibido al menos 125 000 euros por servicios de consultoría jurídica. La nota de encargo fija una tarifa de 250 euros por hora, con un mínimo mensual de 15 000 euros y un máximo de 25 000 euros. Teijelo declaró que su trabajo consistía en elaborar “interpretaciones prospectivas” sobre investigaciones judiciales.
- Ismael Oliver, primer defensor del exasesor ministerial Koldo García, recibió 27 225 euros mediante una nota de encargo firmada por la gerente del partido, Ana María Fuentes. Posteriormente, Oliver transfirió la misma cantidad a Leire Díez a través de su sociedad Oliver Gruppe SL, con el objetivo de “romper la trazabilidad” de los fondos, elevando el total a 54 450 euros. Además, una persona apodada “fontanera” habría percibido cuatro pagos de 4 000 euros a través de una empresa vinculada al exdirigente socialista Gaspar Zarrías.
En su declaración, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, trasladó la responsabilidad de los encargos y facturas a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización, quien habría justificado la contratación de abogados por el elevado volumen de pleitos del partido. Fuentes afirmó que ella solo autorizaba gastos superiores a 5 000 euros. El juez, sin embargo, le imputa una “responsabilidad indiciaria” por la elaboración de las notas de encargo que sirvieron de justificación a dichos pagos.
Avances de la investigación y posible imputación del partido
A finales de julio, el magistrado abrió una pieza separada para reconstruir el recorrido del dinero, solicitando la información de movimientos de unas 80 cuentas, entre ellas las del PSOE y las de varios abogados investigados.
El “caso Leire”, también conocido como “caso cloacas”, podría derivar en la imputación del PSOE como persona jurídica. En octubre, el Partido Popular pidió al juez que investigara a la formación de Pedro Sánchez, pero tanto la Fiscalía Anticorrupción como el propio instructor consideraron la solicitud prematura. Fuentes del Ministerio Público confirmaron la existencia de indicios de presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, aunque señalaron que era necesario completar otras diligencias, como la declaración del ex “número tres” de los socialistas, Santos Cerdán, investigado por presunta coordinación de una trama destinada a torpedear investigaciones que pudieran afectar al entorno del partido.
Pedraz, alineado con la Fiscalía Anticorrupción, decidió mantener en suspenso la imputación del PSOE, argumentando que hasta la fecha no se había acreditado un “principio de prueba” suficiente para formular la acusación y que la decisión se aplazaría hasta la conclusión de las diligencias pendientes.
El inicio de la pre‑campaña electoral no detendrá el curso de las actuaciones judiciales. Fuentes jurídicas explican que el procedimiento seguirá su desarrollo durante la campaña, y el juez podrá seguir acordando declaraciones y nuevas diligencias, aunque algunas medidas que no sean urgentes podrían tener un impacto político directo.
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