Anticorrupción investiga contratos de Defensa por más de 6.000 millones que habrían beneficiado a Indra y Escribano

La Fiscalía Anticorrupción está investigando presuntas irregularidades en contratos del Ministerio de Defensa por un importe superior a los 6.000 millones de euros, que habrían beneficiado a Indra y a Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa de los hermanos Ángel y Javier Escribano. Las pesquisas, iniciadas en enero, analizan la adjudicación de diversos programas militares y la distribución de fondos públicos destinados a la modernización de la industria de defensa.

Según informa El Independiente, la investigación se basa en una denuncia presentada en diciembre, la cual alertaba sobre un posible patrón de adjudicaciones favorables a ambas compañías desde 2020. El escrito señala posibles delitos de fraude, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros.

Índice

Detalles de la investigación

Uno de los datos centrales de la denuncia indica que alrededor de 6.077 millones de euros del conjunto de los programas analizados habrían terminado en Indra o en uniones temporales de empresas (UTE) en las que participa junto a EM&E.

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Contratos cuestionados

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  • Programa de vehículos de combate 8×8, valorado en unos 2.100 millones de euros, adjudicado en 2020 a TESS Defence, consorcio integrado por Indra, EM&E, Santa Bárbara y SAPA.
  • Sistema lanzacohetes SILAM, adjudicado en 2023 por 576 millones de euros a una UTE formada por EM&E y Rheinmetall Expal; el contrato fue anulado en septiembre de 2025.

La denuncia también cuestiona las condiciones de los préstamos públicos concedidos para financiar los programas militares. En octubre de 2025, el Gobierno activó 6.890 millones de euros en créditos destinados a 18 proyectos de modernización de las Fuerzas Armadas. Según el desglose incluido en la denuncia, 6.515 millones de esa cifra, es decir, el 94,5 %, habrían sido asignados a Indra, sus filiales o consorcios en los que participa. Los préstamos contemplaban un interés del 0 % y, en general, no requerían avales ni garantías patrimoniales.

Anticorrupción encargó a la Intervención General del Estado la elaboración de un informe para examinar la regularidad de los expedientes. El primer documento se entregó en abril y, posteriormente, la Fiscalía solicitó un análisis más exhaustivo.

Las diligencias también llegaron al Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, que investiga una operación de venta de respiradores durante la pandemia relacionada con los hermanos Escribano. Sin embargo, el magistrado descartó la incorporación de las denuncias sobre los contratos de Defensa a ese caso, al considerar que no guardaban relación con los hechos investigados.

Por el momento, la Fiscalía sigue analizando la documentación para determinar si existieron irregularidades en la adjudicación de los contratos y en la concesión de los fondos públicos.

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Carlos Mendoza Vargas Periodista

Licenciado en Comunicación Social con mención en Periodismo por la Universidad Central de Venezuela. Tiene 12 años de experiencia en cobertura de política nacional y conflictos sociales, con pasantías en medios internacionales como BBC Mundo. Especializado en periodismo de investigación y análisis político.

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