El Supremo mantiene la suspensión de voto de los 163.355 nacionalizados por la ley de nietos que viven en España
El Tribunal Supremo ha dictado una resolución que impide que los 163 355 ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española mediante la Ley de Nietos puedan ejercer el voto en las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. La medida afecta a todos los nacionalizados, incluso a quienes residan actualmente en territorio español, salvo 901 personas que hayan acreditado su condición de descendientes de exiliados y presenten la certificación consular correspondiente antes del día de la votación.

La decisión se tomó a raíz de las alegaciones presentadas por Iustitia Europa y Vox, tras el informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Dicho informe redujo el número de afectados de 163 355 a 113 326 al identificar menores de edad, registros duplicados y personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) antes de la entrada en vigor de la Ley de Nietos.
Alcance de la suspensión cautelar
El Supremo ha ordenado a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral Central que impidan que los nacionalizados por la Ley de Nietos figuren como electores en cualquier censo, ya sea de residentes‑ausentes o de residentes en España, con la única excepción de los 901 solicitantes que presenten la certificación consular de exilio. Asimismo, el tribunal concede hasta el próximo lunes a las 15:00 horas para que se presenten alegaciones respecto a la documentación remitida por el Ministerio del Interior sobre la utilización del MiDNI y el DNI electrónico para la identificación y el voto.
La suspensión no se extiende a los hijos de los nacionalizados bajo la Ley de Nietos, pues el tribunal consideró que la petición de ampliación de la medida se realizó en una fase avanzada del proceso electoral y que su ampliación vulneraría los principios de seguridad jurídica y estabilidad del proceso electoral.
En otro apartado de la resolución, se registra que el Partido Popular ha solicitado personarse en el procedimiento. El Tribunal ha precisado que, para poder intervenir, el PP debe especificar el concepto bajo el cual pretende actuar, ya que únicamente puede hacerlo como codemandante.
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