La patronal de centros de datos recurre ante la Justicia la regulación aprobada por el Gobierno

El Gobierno ha aprobado hoy, mediante Real Decreto, una normativa destinada a regular los centros de datos en España, lo que ha desencadenado una fuerte controversia con el sector. La medida, que se ha adoptado en plena campaña electoral, incluye una serie de exigencias que, según los promotores de estos establecimientos, resultan de cumplimiento imposible.

La Asociación Española de Centros de Datos (Spain DC) ha anunciado que presentará un recurso judicial contra el Real Decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros y solicitará la suspensión cautelar del mismo, al considerar que la norma impone condiciones que no pueden ser satisfechas.

Reclamaciones de la patronal

En un comunicado, la patronal ha señalado que las condiciones impuestas constituyen, de facto, un veto al desarrollo de nuevos centros de datos en el país y ponen en riesgo una inversión potencial de 66.900 millones de euros.

Exigencias energéticas consideradas inasumibles

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  • El Real Decreto obliga a los centros de datos a cubrir el 80 % de su consumo energético con fuentes renovables propias y a acreditar esa cobertura hora a hora.
  • Para cumplir con este requisito, las instalaciones tendrían que aportar o contratar nueva capacidad de generación renovable que garantice que el 80 % de la energía utilizada en cada hora provenga de fuentes renovables producidas en el mismo momento.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha cuestionado la viabilidad de estos requerimientos, advirtiendo que en España una parte importante de la energía renovable generada no puede ser absorbida por la demanda, lo que provoca excedentes y precios cero o negativos en el mercado mayorista. La CNMC considera que la norma debería flexibilizarse para evitar la sobre-dimensionación de instalaciones de generación y almacenamiento, el incremento de costes de la red y la pérdida de eficiencia en el uso de los recursos.

El presidente de Spain DC, Emilio Díaz, ha declarado: “Nos sentimos señalados por un Gobierno que pretende culpabilizar a un sector que no ha provocado los problemas energéticos actuales. Lo más grave es que esta decisión pone en riesgo la soberanía digital de España”.

El sector estima que la potencia instalada de los centros de datos, actualmente de 439 MW, podría superar los 2.500 MW para 2030, en respuesta a la creciente demanda de instalación y conexión a la red. Esta expansión ha motivado la aprobación de un decreto exigente para regular la llegada masiva de nuevas iniciativas.

Según el Gobierno, la normativa de sostenibilidad permitirá a los consumidores evitar un sobrecoste de 5.000 millones de euros anuales en la factura eléctrica. Aagesen, la empresa promotora de los proyectos, ha calificado a España como “pionera” a nivel mundial, aunque reconoce que existen “inquietudes legítimas” respecto al consumo de energía, agua, precios y costes de los servicios públicos.

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Carlos Mendoza Vargas Periodista

Licenciado en Comunicación Social con mención en Periodismo por la Universidad Central de Venezuela. Tiene 12 años de experiencia en cobertura de política nacional y conflictos sociales, con pasantías en medios internacionales como BBC Mundo. Especializado en periodismo de investigación y análisis político.

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