Javier Cremades alerta sobre el peligro inminente al Estado de Derecho en España
El respeto al Estado de Derecho es el cimiento sobre el que se asienta toda sociedad democrática, y su defensa no puede quedar al margen de los debates políticos o judiciales. Javier Cremes, abogado y fundador del despacho Cremes & Calvo Sotelo, aborda este tema con profundidad en su nuevo libro *Sobre el imperio de la ley*, una obra que reflexiona sobre los pilares del derecho constitucional y los riesgos que amenazan su integridad cuando el poder político sobrepasa sus límites. Con más de treinta años de experiencia en derecho mercantil, institucional y en la defensa de derechos fundamentales, Cremes ofrece un análisis riguroso sobre la situación actual del Estado de Derecho en España y en otros países, especialmente en contextos donde ha habido retrocesos democráticos.
El Estado de Derecho en España: resistente, pero bajo presión
Para Cremes, el Estado de Derecho en España sigue siendo una realidad, aunque reconoce que está bajo asedio. Como ejemplo de su resistencia, señala la sentencia del Tribunal Supremo contra el exfiscal general Javier García Ortiz, un fallo que, independientemente de su contenido, demuestra la capacidad del Poder Judicial para ejercer un control efectivo sobre decisiones del Ejecutivo. Este episodio, a juicio del jurista, es una prueba clara de la separación de poderes y de la independencia judicial, pilares esenciales de cualquier democracia consolidada.
No obstante, Cremes advierte sobre una tendencia creciente en distintos países —incluidos Estados Unidos, Francia y Alemania— que consiste en deslegitimar al Poder Judicial cuando sus decisiones afectan intereses políticos. Esta práctica, según sostiene, socava la credibilidad del sistema y debilita uno de los contrapesos fundamentales del Estado de Derecho. La respuesta adecuada a una sentencia impugnable no es la crítica pública o la presión mediática, sino el uso de los recursos legales existentes.
¿Activismo judicial o judicialización de la política?
- Los jueces, para Cremes, no ejercen “activismo judicial”, sino que actúan estrictamente bajo el marco legal.
- Lo que sí existe es una creciente judicialización de la política, donde los conflictos entre fuerzas partidistas se trasladan a los tribunales.
- Este fenómeno ha dado lugar a acusaciones cruzadas de “lawfare”, aunque el jurista considera que la responsabilidad recae más en los políticos que en los jueces.
El sistema judicial español, aunque funcional, requiere mejoras, especialmente en lo relativo a la elección de jueces. Cremes critica la influencia excesiva de los partidos políticos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un mecanismo que, a su juicio, afecta negativamente a la independencia y credibilidad del Poder Judicial. Propone un modelo más técnico, basado en la elección interna entre magistrados, para reducir la politización del órgano.
El caso del Tribunal Constitucional y los riesgos de la parálisis institucional
La próxima renovación del Tribunal Constitucional plantea un nuevo desafío. Cremes considera anómalo el bloqueo político que podría impedir su renovación, pero defiende el actual sistema de elección como legítimo, en tanto que el Tribunal representa una prolongación del poder constituyente. Su función de adaptar la Constitución a las transformaciones sociales, económicas y culturales del país es crucial, pero solo puede cumplirse si los mandatos se respetan y los procesos se resuelven con celeridad.
Lecciones de América Latina: Venezuela y México
Uno de los capítulos más contundentes del libro analiza el colapso del Estado de Derecho en Venezuela. Cremes señala que el punto de inflexión fue la reforma constitucional de 1999, impulsada por Hugo Chávez sin respetar el procedimiento establecido. Esa reforma concentró un poder excesivo en el Ejecutivo, debilitó los contrapesos institucionales y allanó el camino hacia una deriva autoritaria que, con el tiempo, supuso la violación sistemática de derechos fundamentales.
También menciona casos como el de México y Nicaragua, donde la erosión democrática no pasó por una reforma constitucional formal, sino por una manipulación progresiva de las instituciones. En Nicaragua, la Constitución ha quedado reducida a “papel mojado”, mientras que en México se han ido introduciendo cambios que, sin alterar el texto constitucional, han transformado la práctica del poder.
Respecto a la intervención estadounidense en Venezuela, Cremes reconoce que generó un debate en el ámbito del derecho internacional. La justificación de Estados Unidos se basó en considerar al líder venezolano no solo como un presidente ilegítimo, sino como cabeza de una organización narcoterrorista, lo que permitió a la administración Trump actuar bajo legislación extraterritorial. Aunque compleja, esta situación no puede equipararse a conflictos armados como el de Ucrania, y plantea interrogantes sobre los límites de la intervención bajo el actual orden jurídico internacional.
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