Hacienda quiere cambiar las reglas del dinero a las comunidades
El Ministerio de Hacienda ha planteado a las comunidades autónomas la posibilidad de desvincular las entregas a cuenta del Estado de los Presupuestos Generales, como parte de las negociaciones para la reforma del sistema de financiación autonómica. Según ha adelantado este viernes el diario *El País*, esta propuesta busca introducir una mayor flexibilidad y estabilidad en los flujos de ingresos de las administraciones regionales.
Un cambio estructural en el reparto de ingresos
Hasta la fecha, las comunidades autónomas reciben entregas a cuenta basadas en la recaudación del año anterior de los impuestos compartidos, como el IRPF, con independencia de cómo evolucione realmente la recaudación en el ejercicio en curso. Este sistema implica que, si la recaudación mejora, las comunidades no perciben ese incremento hasta dos años después, tras la liquidación final.
La novedad que ahora propone el Gobierno, liderado por la ministra María Jesús Montero, es permitir que las comunidades que lo deseen puedan adherirse a un nuevo esquema de “caja compartida”. En este modelo, los ingresos por IRPF se distribuirían de forma simultánea entre la Administración General del Estado y las comunidades, lo que permitiría un acceso más inmediato a los fondos recaudados.
Adhesión voluntaria y compromiso temporal
- Las comunidades interesadas podrán manifestar su voluntad de participar en este nuevo sistema a través de la Comisión Mixta Estado-Comunidades.
- La adhesión tendría una duración mínima de cinco años, con el objetivo de garantizar estabilidad en la gestión financiera.
- Además, se prevé una negociación para adelantar las liquidaciones finales, reduciendo así el actual retraso de dos años en la regularización de ingresos.
Actualmente, en situaciones de prórroga presupuestaria, las entregas a cuenta se han actualizado mediante decretos-ley, una medida excepcional que el Gobierno busca evitar con esta reforma. La intención es dotar al sistema de mayor previsibilidad y reducir la dependencia de mecanismos legislativos de urgencia.
Este cambio forma parte de un paquete más amplio de reformas que busca modernizar el modelo de financiación autonómica, en un contexto de tensiones políticas y reclamaciones regionales. Mientras algunas comunidades, como Cataluña, han destacado en su peso dentro del nuevo reparto de fondos —con el 55% de los recursos en ciertos mecanismos—, otras regiones verán ajustados sus aportes en nombre de una mayor solidaridad interterritorial.
La negociación continúa abierta, con encuentros previstos entre Hacienda y las distintas administraciones regionales, incluyendo formaciones políticas clave como Junts, con quienes Montero ha dejado claro que, aunque se dialogue, “no habrá cupo” al estilo del régimen foral.
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