Santos Cerdán se defiende con un informe explosivo de la UCO sobre su patrimonio
La defensa del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo en el que solicita la inmediata remisión del informe patrimonial elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los abogados argumentan que contar con este documento es esencial para garantizar el derecho fundamental de su cliente a la presunción de inocencia, especialmente tras meses de cobertura mediática que consideran sesgada e incompleta.

Acceso urgente al informe de la UCO
En el escrito, al que ha tenido acceso este medio, la defensa subraya que ya han transcurrido siete meses desde que el juez instructor solicitó a la UCO un análisis detallado de la situación patrimonial de Cerdán, y casi un año desde que se inició la investigación policial. A pesar de ello, el informe aún no ha sido incorporado formalmente a la causa, lo que, según sostienen los letrados, impide que puedan presentar alegaciones fundadas y completas.
Los abogados denuncian que en los últimos meses su cliente y su familia han sido objeto de publicaciones mediáticas que, bajo la apariencia de "reportajes neutrales", reproducen fragmentos de atestados policiales y resoluciones judiciales sin contexto. "No existe otra alternativa para subsanar esta situación", señalan, y advierten de que no pueden acudir a la vía civil para proteger los derechos fundamentales de Cerdán, ya que la mayoría de las informaciones se basan en afirmaciones realizadas por autoridades públicas, lo que les otorga una credibilidad social amplia y difícil de contrarrestar sin pruebas oficiales.
Desmontando afirmaciones clave
- La defensa cuestiona específicamente la afirmación recurrente en medios de que Cerdán habría recibido al menos 4,5 millones de euros de forma irregular.
- También rechazan la versión que atribuye exclusivamente a su cliente todos los fondos destinados a la empresa Servinabar.
- Insisten en que estas aseveraciones, aunque figuran en resoluciones judiciales, deben ser confirmadas o desmentidas de forma explícita por la Policía Judicial, y no pueden permanecer sin aclarar.
"Esta manifestación contenida en una resolución judicial debe ser o confirmada por la Policía Judicial o expresamente descartada, pero no puede quedar en el aire, sin más concreción o confirmación", subrayan en el texto. Para la defensa, la falta de acceso al informe completo de la UCO obstaculiza gravemente la posibilidad de ejercer una defensa efectiva y transparente.
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