El campo español en rebeldía tractores contra la UE
Los agricultores y ganaderos españoles han iniciado una semana de movilizaciones a nivel nacional, convocadas por las principales organizaciones del sector: Asaja, COAG y UPA. Desde este lunes y hasta el viernes, tractores y agricultores tomarán las calles de más de 25 provincias, con el punto álgido previsto para el jueves 29, fecha en la que se concentrarán la mayoría de las protestas. La jornada de protesta responde a una profunda inquietud por el futuro de la agricultura europea frente a decisiones que se están tomando en Bruselas y que, según el sector, ponen en riesgo su viabilidad.
Presión por la PAC y el comercio exterior
El malestar del campo español se centra en dos grandes ejes: los recortes previstos en el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) y los acuerdos comerciales internacionales que, a su juicio, podrían abrir la puerta a una competencia desleal. El secretario general de UPA, Cristóbal Cano, subrayó que las movilizaciones son una respuesta directa a "la reducción del presupuesto de la PAC, los acuerdos comerciales con terceros países y el exceso de burocracia que sufren los productores".
El primer motivo de protesta es el recorte del 22% en el presupuesto de la PAC para el periodo 2028-2034, tal como propone la Comisión Europea en el Marco Financiero Plurianual (MFP). Según los cálculos de las organizaciones agrarias, esta reducción supondría una pérdida de 877,5 millones de euros para España, afectando directamente a los pagos directos, ayudas a jóvenes agricultores, incentivos a la modernización y otros instrumentos clave. Este ajuste contrasta con el aumento de partidas como la defensa o la seguridad, lo que ha generado una pregunta que resuena en las calles: ¿Está la Unión Europea dispuesta a sacrificar uno de sus pilares fundacionales, como es la agricultura, para reforzar otras áreas estratégicas?
El debate sobre los acuerdos comerciales
- El acuerdo UE-Mercosur es el epicentro del segundo gran frente de protesta, aunque no tanto por el trato en sí, sino por lo que representa: una apertura comercial acelerada en un contexto de cambio geopolítico global.
- Con Estados Unidos adoptando un tono proteccionista bajo la administración Trump, la UE busca diversificar sus socios comerciales, retomando negociaciones con bloques como Mercosur e impulsando nuevas con India.
- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha calificado el posible acuerdo con India como “la madre de todos los acuerdos”, que uniría un mercado de 2.000 millones de personas y casi una cuarta parte del PIB mundial.
Para el sector agrario español, esta estrategia comercial plantea un riesgo claro: que productos procedentes de terceros países entren al mercado europeo sin cumplir los mismos estándares exigidos a los productores locales en materia de trazabilidad, bienestar animal, sostenibilidad y normas fitosanitarias. Aunque el texto del acuerdo UE-Mercosur establece que los productos deben cumplir con las normas europeas, las organizaciones agrarias desconfían de su aplicación real. Un informe comunitario reveló que en 2024 apenas el 0,0082% de los productos importados fueron inspeccionados, lo que alimenta el temor a una competencia desigual.
El acuerdo Mercosur, en el ojo del huracán judicial
La tensión aumentó tras la decisión del Parlamento Europeo, por solo diez votos de diferencia, de denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta acción paraliza formalmente su ratificación, aunque no impide que la Comisión Europea pueda activar una entrada en vigor provisional de la parte comercial. Desde Bruselas, el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, criticó la medida, argumentando que genera inseguridad en los exportadores. Por su parte, el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, defendió su implementación inmediata, recordando que otros acuerdos, como el de Canadá, han operado durante años sin ratificación completa.
No obstante, la oposición política y social es creciente. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exigió que el acuerdo no entre en vigor sin “plena certeza” de que se garantizan los intereses del campo español, especialmente en materia de controles fronterizos y cláusulas de protección automáticas. Por otro lado, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, respaldó el acuerdo por su potencial económico, estimando en 300.000 millones de euros la pérdida de PIB europeo entre 2021 y 2025 si no se firma, pero también advirtió de la necesidad de condiciones equitativas para todos los productores.
Las organizaciones agrarias, por su parte, insisten en que no se active la aplicación provisional mientras el TJUE evalúa la legalidad del acuerdo. Consideran que hacerlo sería ignorar una decisión democrática de una cámara profundamente dividida y que evidencia dudas jurídicas y políticas sobre el trato. Para los agricultores, esta movilización no es solo una protesta económica, sino una defensa del modelo agrario europeo frente a un cambio de rumbo que, según advierten, podría comprometer su futuro.
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