La batalla por el Palacete de Getxo estalla y todos se unen contra el PNV
Getxo, uno de los municipios más importantes del País Vasco por población y peso económico, atraviesa en estos momentos una de las crisis políticas más intensas de su reciente historia. Tradicional feudo del Partido Nacionalista Vasco (PNV), el consistorio vizcaíno se ha visto sacudido por un escándalo urbanístico conocido como el ‘caso Palacete’, que ha derivado en la imputación de tres concejales del partido y tres altas funcionarias municipales por presunta prevaricación y delito contra el patrimonio cultural.
Un palacete del siglo XIX en el ojo del huracán
El foco del conflicto es el edificio histórico conocido como ‘Irurak Bat’, construido en 1845 y catalogado como Bien de Interés Cultural. Aunque contaba con licencia para su rehabilitación —condicionada a la conservación de sus fachadas y cubierta—, el inmueble fue demolido íntegramente en 2024. Las obras, autorizadas por técnicos municipales, permitían la construcción de seis viviendas de lujo en el palacete y otras seis en un edificio anexo. Sin embargo, en lugar de rehabilitar, los promotores optaron por derribar y construir de nuevo, una operación que supuso un ahorro de 700.000 euros respecto al coste estimado de la restauración (3,2 millones frente a 2,5 millones). La sanción por incumplir las condiciones de la licencia fue de solo 50.000 euros.
La Justicia investiga si hubo una connivencia entre responsables políticos, funcionarios y promotores para permitir un derribo que, aunque no estaba expresamente autorizado, se tramitó con una licencia que tenía “efectos reales de demolición”. En el centro del escándalo están la arquitecta municipal, la jefa del departamento de Urbanismo y una técnica del área, imputadas junto a los ediles por presunta omisión de informes clave y facilitación irregular del proceso.
Concejales implicados y presión política
Los tres concejales del PNV imputados son Ignacio Uriarte, Irantzu Uriarte e Iñigo Urkitza. Los dos primeros, pareja tanto en lo personal como político, formaban parte de la cooperativa promotora del proyecto y tenían reservadas dos viviendas en la promoción. Su doble rol —como responsables públicos que autorizaban licencias y como beneficiarios del proyecto— ha generado una profunda controversia. Tras su imputación, presentaron su dimisión, aunque el partido los defendió inicialmente con vehemencia.
El pasado 14 de febrero, la Ertzaintza registró las oficinas de Urbanismo del Ayuntamiento y se llevó varias cajas con documentación. La jueza instructora citará a declarar a los tres ediles el 25 de febrero, una comparecencia clave para determinar si existió una orden política para ignorar los requisitos legales o si se trató de una negligencia técnica.
La alcaldesa resiste: “Esto es un akelarre político”
- La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre (PNV), no está imputada y ha asegurado que no dimitirá.
- Calificó el clima político como un “akelarre”, al considerar que el ataque contra ella es un intento de desestabilizar al PNV.
- El partido la respalda, argumentando que no hay indicios de su participación ni hechos probados que la vinculen al caso.
A pesar del apoyo institucional —visibilizado con la presencia de exalcaldes del PNV e incluso del exdiputado general de Bizkaia José Luis Bilbao—, la oposición ha intensificado su presión. En un pleno de cinco horas, PP, EH Bildu y Podemos intentaron forzar su salida. Aunque las mociones de censura de PP y EH Bildu no prosperaron, ambas formaciones apoyaron la propuesta de Podemos, que sí exigía su dimisión. La alianza inédita entre fuerzas tan distintas refleja la gravedad del momento político en Getxo.
El presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, ha intentado contener el impacto del caso, aunque el líder del partido, Aitor Esteban, tuvo que rectificar tras afirmar que el derribo “ni que fuera la Torre Eiffel”, una frase que generó críticas por su desprecio al patrimonio. Aunque el PNV insiste en que no hay motivos para que Agirre abandone el cargo, la crisis ha expuesto tensiones internas y una creciente desconfianza ciudadana en uno de sus bastiones históricos.
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