Aldama amenaza con bombas verbales al PSOE para escapar de la cárcel
El Tribunal Supremo se prepara para celebrar en abril la audiencia previa al juicio por el conocido como 'caso mascarillas', un proceso que podría definir el futuro judicial de figuras clave como José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Con apenas dos semanas de margen, las defensas trabajan a contrarreloj para presentar sus últimas alegaciones y estrategias ante el alto tribunal, en un escenario marcado por las graves acusaciones formuladas por la Fiscalía Anticorrupción.
La estrategia de Víctor de Aldama: colaboración y desvinculación
Víctor de Aldama se encuentra en una posición más favorable que sus coimputados gracias a su colaboración con la Justicia desde las primeras fases de la investigación. Sin embargo, su defensa no se conforma con esto y busca rebajar al máximo la pena de siete años que le imputa la Fiscalía. Para lograrlo, sus abogados presentarán dos argumentos clave: primero, excluir a Aldama de las operaciones vinculadas a la empresa de Claudio Rivas; y segundo, desvincularlo del presunto pago del chalet en Marbella que habría disfrutado José Luis Ábalos, vinculado por la Unidad Central Operativa (UCO) a las gestiones para el rescate de Air Europa.
Además, su equipo legal insiste en que su colaboración debe ser considerada como una atenuante “muy cualificada”. Si el tribunal acepta esta argumentación y Aldama reconoce los hechos que se le imputan, su condena podría reducirse de 7 a 3 años y 6 meses. Esta rebaja, sumada a posibles modificaciones en la calificación de los delitos, podría incluso evitar que tenga que ingresar en prisión.
Las defensas de Ábalos y Koldo García: recursos de nulidad y maniobras procesales
Por su parte, las defensas de José Luis Ábalos y Koldo García están centradas en presentar múltiples recursos de nulidad que podrían afectar el desarrollo del juicio. La abogada Leticia de la Hoz, que representa a Koldo García, ha presentado al menos diez motivos de nulidad, algunos de los cuales, de ser aceptados, también beneficiarían a Ábalos. Estas maniobras procesales buscan cuestionar la validez de pruebas o actuaciones policiales, lo que podría alterar el curso del proceso.
El frente político: amenazas sobre la financiación del PSOE
- Víctor de Aldama ha intensificado su presión no solo ante el tribunal, sino también contra el PSOE. Durante su última comparecencia judicial, el empresario confirmó ante el fiscal Luis Pastor que Delcy Rodríguez, alta funcionaria venezolana, le entregó un sobre relacionado con presuntas irregularidades en la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista, organización de la que Pedro Sánchez es presidente.
- Aunque el sobre no fue hallado durante los registros de la Guardia Civil, Aldama insiste en que posee pruebas adicionales. Tras salir de prisión, fue seguido por investigadores hasta una reunión con su socio Alberto Escolano, quien supuestamente le entregó un documento que las fuerzas de seguridad vinculan con PDVSA, la petrolera estatal venezolana.
- En varias entrevistas, Aldama ha advertido que tiene más información comprometedora, incluyendo supuestos beneficios ilícitos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero derivados de sus contactos con el régimen venezolano. También ha apuntado a un interés de Zapatero en que el Gobierno de Sánchez aprobara el rescate de Plus Ultra, empresa ahora investigada por blanqueo de capitales con origen en Venezuela.
Estos nuevos elementos añaden una dimensión política al caso, ampliando el foco más allá de los hechos de corrupción directamente investigados. Las declaraciones de Aldama apuntan a una red de influencias y favores que conectaría a altos cargos del PSOE con intereses venezolanos, convirtiendo su cooperación en una pieza clave no solo para su defensa, sino también para posibles derivaciones judiciales contra el partido.
Con el juicio a la vuelta de la esquina, todos los actores implicados juegan sus últimas fichas. Mientras Aldama negocia su libertad desde una posición de colaborador, los exaltos cargos políticos intentan desmontar la acusación con recursos procesales. El Supremo tendrá ahora la última palabra sobre si estos movimientos son suficientes para alterar el curso de un caso que ya trasciende lo judicial y se adentra en el corazón del debate político nacional.
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