Más de 150 juristas apoyan a García Ortiz y desafían al Supremo con dura crítica
El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recibido este jueves un significativo respaldo institucional y profesional tras su condena por el Tribunal Supremo por la filtración de un correo electrónico relacionado con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Durante la presentación del manifiesto titulado *Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia*, más de 150 juristas, magistrados, fiscales, abogados y catedráticos expresaron su preocupación por lo que consideran una sentencia carente de pruebas sólidas y basada en meras conjeturas.
Rechazo unánime entre sectores de la judicatura
El acto tuvo lugar en el Ateneo de Madrid y contó con la presencia de figuras destacadas del ámbito jurídico, quienes coincidieron en señalar que la resolución del Tribunal Supremo vulnera principios esenciales del Estado de Derecho. Manuel de la Rocha, abogado y exdiputado socialista en el Congreso y en la Asamblea de Madrid, criticó con dureza la sentencia, calificándola de “irracional” y “exasperante”, y afirmó que supone una ruptura con el principio constitucional de presunción de inocencia. “Es una decisión política”, aseguró, y denunció una división creciente entre los sectores conservador y progresista dentro del poder judicial, subrayando que la Sala Segunda del Supremo ha adoptado una postura reiteradamente alineada con posiciones de derecha.
Pepa Berdugo, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, destacó las “numerosas anomalías” en el proceso judicial contra García Ortiz, desde la fase de instrucción hasta la emisión de la sentencia y la tardanza en conocer los fundamentos de la resolución. Por su parte, Joaquín Giménez, exmagistrado de la Sala Segunda del Supremo, consideró que la sentencia no solo es “decepcionante”, sino que daña gravemente la credibilidad del sistema judicial. “El Poder Judicial es el último refugio de la ciudadanía. Cuando se pervierte, se pone en riesgo la confianza en las instituciones”, advirtió.
Una sentencia bajo sospecha
- Según Giménez, la condena se basa en la construcción de una certeza a partir de meras dudas, lo que convierte en imposible para el acusado demostrar su inocencia.
- Señaló que el fallo no surge de un análisis imparcial, sino en un contexto de “cerco” contra el Gobierno, lo que convierte la sentencia en un “auténtico desafío a la lógica”.
- Además, advirtió que la decisión afecta no solo a García Ortiz, sino también al derecho a la información veraz y al secreto profesional de los periodistas, pilares esenciales en toda democracia.
Nicolás Sartorius, exparlamentario y también firmante del manifiesto, denunció una creciente politización del poder judicial, en la que ciertos sectores de jueces, aunque minoritarios, ejercen una influencia desproporcionada desde posiciones clave en tribunales como el Supremo. “Hay quienes creen que deben salvar a la patria de los separatistas y acabar con el Gobierno actual. Nunca había visto algo así. Es verdaderamente preocupante”, afirmó.
El apoyo a García Ortiz trasciende su figura personal y refleja una alarma generalizada entre amplios sectores del mundo jurídico sobre el rumbo que está tomando la justicia en momentos de alta tensión política. Mientras el Gobierno ya ha iniciado trámites para estudiar un posible indulto y ha solicitado informe al propio Supremo, el debate sobre la independencia, imparcialidad y credibilidad del sistema judicial español sigue intensificándose.
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