Milei ataca: jornadas de 12 horas y fin de huelgas legales
El presidente argentino Javier Milei ha logrado un importante avance político en el Senado para impulsar su controvertida reforma laboral, un eje central de su programa económico que busca flexibilizar las condiciones del mercado de trabajo. La propuesta ha generado una fuerte oposición por parte de los principales sindicatos del país, que han convocado movilizaciones y protestas en rechazo a lo que califican como una medida que profundiza la precarización laboral y favorece exclusivamente a los sectores empresariales.
Claves de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei
La reforma, que aún debe superar trámites legislativos, contempla una serie de cambios estructurales en las relaciones laborales. Entre las medidas más polémicas se encuentra la modificación en el cálculo de las indemnizaciones por despido: se eliminarían del cómputo conceptos como el aguinaldo, las vacaciones o los premios, lo que reduciría significativamente el monto que deben pagar las empresas. Además, se permitirá que las grandes empresas abonen las indemnizaciones en hasta seis cuotas y las pymes en hasta doce, mientras se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a que los empleadores acumulen aportes mensuales para cubrir futuros despidos.
Modificaciones en las condiciones de trabajo
- Fraccionamiento de vacaciones: Se autoriza dividir las vacaciones anuales en períodos de al menos siete días, con la condición de que al menos uno coincida con la temporada estival cada tres años.
- Reducción de salarios en licencias médicas: En casos de enfermedad o accidente no laboral, los trabajadores recibirían el 50% del salario básico durante tres meses (o seis si tienen personas a cargo) si la baja se relaciona con actos de riesgo; si no, percibirían el 75% en los mismos plazos. Las recaídas por enfermedades crónicas solo se renovarán tras dos años sin episodios.
- Jornadas de hasta 12 horas: Aunque se mantiene la jornada semanal máxima de 48 horas, se permitirá extender la jornada diaria a 12 horas mediante un sistema de "banco de horas", que compensaría las horas extras con descansos en otros días. El pago de horas extras dependerá de acuerdos entre empleador y empleado.
- Pago en moneda extranjera o en especie: Se habilita la posibilidad de abonar salarios en dólares u otros bienes, siempre que exista acuerdo entre las partes.
Limitaciones al derecho de huelga y control sindical
La reforma amplía considerablemente la lista de servicios considerados esenciales, en los que se exigirá mantener al menos el 75% de la actividad durante una medida de fuerza. A los sectores ya existentes —salud, energía, agua, gas y tráfico aéreo— se suman telecomunicaciones, comercio, servicios portuarios, educación (excepto universidades) y controles migratorios. Asimismo, se crea una nueva categoría denominada "servicios de importancia trascendental", como transporte, farmacéutica, banca, agro, minería, construcción y medios de comunicación, que deberán garantizar al menos el 50% de su funcionamiento.
El proyecto también endurece las sanciones contra las acciones sindicales: se tipifican como infracciones "muy graves" los bloqueos, tomas de establecimientos o cualquier acción que interfiera con la libertad de trabajo. Las asambleas y congresos de delegados deberán contar con autorización previa del empleador y no podrán afectar el normal funcionamiento de la empresa. Además, se facilita la obtención de personería gremial por parte de sindicatos de empresa si superan en afiliados al gremio histórico durante seis meses continuos.
Cambio en la vigencia de los convenios colectivos
Otro punto central de la reforma es la eliminación del principio de continuidad de los convenios colectivos. Actualmente, estos acuerdos permanecen vigentes tras su vencimiento hasta que se renuevan. Bajo la nueva norma, los convenios perderían validez automáticamente al expirar, salvo en lo relativo a condiciones de trabajo ya establecidas. Asimismo, se establece que los acuerdos a nivel empresa prevalecerán sobre los convenios sectoriales, lo que podría debilitar el poder negociador de los sindicatos nacionales. La derogación de estatutos y regímenes especiales entraría en vigor 180 días después de la sanción de la ley.
El avance de esta reforma marca un hito en la agenda liberal del presidente Milei, aunque también profundiza el enfrentamiento con el movimiento sindical, que ha advertido sobre posibles paros generales y movilizaciones de gran envergadura si la ley llega a aprobarse en su forma actual. El gobierno insiste en que la reforma es necesaria para reactivar la inversión y generar empleo, mientras que sus críticos la definen como un retroceso histórico en los derechos laborales.
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