PSOE sorprende a Junts con dura ley contra delitos leves
Junts celebró este jueves una victoria parlamentaria significativa con la aprobación definitiva en el Congreso de una reforma legal que endurece las penas para delitos multirreincidentes, una de sus principales reivindicaciones. En un acto simbólico en el patio del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, la formación independentista reunió a sus diputados, senadores y representantes municipales de diversas localidades catalanas para fotografiarse en señal de triunfo. “Los ladrones que asustan a nuestra gente ya no entrarán por una puerta y saldrán por la otra”, afirmó Miriam Nogueras, portavoz del grupo en el Congreso, tras el respaldo parlamentario a la iniciativa.
La reforma, que modifica tanto el Código Penal como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, endurece las sanciones para quienes cometen más de tres delitos leves como hurtos o pequeñas estafas, con penas que pueden alcanzar hasta tres años de prisión. Además, establece figuras específicas para el robo de dispositivos electrónicos con datos personales y amplía las facultades de los jueces para restringir el acceso a determinados lugares a personas reincidentes. La medida contó con un respaldo inusual: 302 votos a favor (PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN), 36 en contra (Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG) y 8 abstenciones (ERC y Coalición Canaria).
Un pacto inesperado entre PSOE y la derecha
El apoyo del PSOE fue clave para sacar adelante la reforma, aunque implicó una ruptura con su socio de Gobierno, Sumar, y otras fuerzas de izquierda. El Ejecutivo, que ya había reactivado la comisión legislativa dedicada a este asunto tras el anuncio de ruptura de Junts con el Gobierno por parte de Carles Puigdemont, terminó pactando el texto con la totalidad de la derecha parlamentaria. Esta alianza generó fuertes críticas desde la izquierda, que acusó al PSOE de adoptar discursos propios del “populismo punitivo” y de alinearse con posturas de la ultraderecha.
Enrique Santiago, portavoz de Justicia de Sumar, fue especialmente contundente: calificó la reforma como un abrazo a los argumentos de la “ultraderecha más reaccionaria” y se preguntó si esta iniciativa marcaba el inicio de un “experimento de gran coalición” entre PSOE y PP. Por su parte, Jon Iñarritu (EH Bildu) y Martina Velarde (Podemos) tacharon la norma de dirigida solo a castigar a los “robagallinas”, en alusión a delincuentes menores, mientras que el resto del arco parlamentario de izquierda se mostró en contra por considerar que profundiza en una justicia más represiva que preventiva.
El argumento de la seguridad en Cataluña
- Los defensores de la reforma destacaron la situación particular de Cataluña, donde la percepción de inseguridad en zonas urbanas ha sido un reclamo constante.
- Francisco Aranda, diputado socialista catalán, argumentó que Cataluña acumuló el año pasado más del doble de juicios rápidos (5.900) que Madrid (2.700), lo que justificaría medidas específicas.
- El PSC también mostró su apoyo, trasladando a varios alcaldes del área metropolitana de Barcelona al Congreso para respaldar la reforma.
- ERC, aunque se abstuvo, permitió así la aprobación de la ley, en línea con su preocupación por los problemas de seguridad en municipios catalanes.
Pese al respaldo a esta reforma, las relaciones entre el PSOE y Junts siguen en una profunda crisis. Fuentes de la formación independentista subrayaron tras el acto que los acuerdos con el Ejecutivo central permanecen rotos. Junts mantiene su intención de votar en contra del decreto del escudo social si no se eliminan las medidas que prohíben los desahucios a familias vulnerables, considerando insuficiente el pacto entre el PSOE y el PNV que exime del veto a propietarios de una o dos viviendas. Asimismo, reclaman que el Gobierno apoye su propuesta de ley contra las ocupaciones y que se reactive la negociación sobre la transferencia de competencias en materia de inmigración, bloqueada anteriormente por el rechazo de Podemos.
El primer pleno ordinario de 2026 dejó además otras señales de debilidad del Ejecutivo. Se aprobó, sin efecto legal, una moción de censura simbólica contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por la crisis en las Rodalies y la tragedia de amuz. Aunque ERC y Junts no la respaldaron formalmente, su abstención permitió que la derecha lograra el triunfo simbólico. También se registraron dos derrotas más: la admisión a trámite de una iniciativa del PP para limitar el uso de presupuestos prorrogados, y el rechazo a una proposición no de ley del PSOE en defensa del orden internacional, que cayó por el voto en contra de PP, Vox y UPN, y la nueva abstención de Junts.
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