Exjefe de la UDEF cae en red de narcos y lo revela todo
El exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Málaga, Óscar Sánchez, ha presentado un recurso contra su procesamiento por delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales, dictado por el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge tres días antes de que el inspector tuviera previsto declarar como investigado. Sánchez, que permanece en prisión provisional desde noviembre de 2024, cuestiona la legalidad y solidez del auto que lo imputa, al que su defensa considera prematuro e insuficientemente fundamentado.
Cuestionamientos sobre pruebas y garantías procesales
En el recurso presentado ante la Sala de lo Penal, su abogado, Emilio José Rodríguez Marqueta, argumenta que el procesamiento se dictó sin que el juez hubiera escuchado la versión del acusado, lo que vulnera su derecho a la defensa. Además, señala que la investigación aún no ha concluido: no se han recibido los volcados completos de los dispositivos electrónicos intervenidos ni los datos originales de la plataforma de mensajería encriptada Sky ECC, clave en la causa. Tampoco se han resuelto diversas comisiones rogatorias a países extranjeros, lo que, según la defensa, deja el acervo probatorio incompleto.
Uno de los puntos más criticados es la afirmación del juez de que Sánchez habría percibido 32,6 millones de euros por su presunta colaboración con una red de narcotráfico. Su defensa califica esta cifra de "afirmación hueca", al no estar respaldada por pruebas concretas ni indicarse en el auto qué diligencias la sustentan. Tampoco se detalla cómo se habría utilizado ilegalmente el acceso a bases de datos policiales, ni se establece una cronología clara de los hechos, lo que a juicio del letrado evidencia una "imprecisión temporal absoluta" y una "ausencia de análisis individualizado" de su participación.
Procesamiento escalonado y desigualdad procesal
- El juez procesó primero al presunto cabecilla de la trama, Ignacio Torán, y a otros implicados.
- Posteriormente, incluyó a Óscar Sánchez, su esposa —también agente de policía— y a su cuñado por blanqueo de capitales.
- Aún quedan otros investigados que no han sido procesados, lo que genera una situación de asimetría procesal.
Esta metodología, conocida como "procesamiento escalonado y fragmentado", es también cuestionada por la Fiscalía Anticorrupción. La defensa de Sánchez argumenta que rompe el principio de igualdad de armas, ya que algunos imputados acceden a pruebas antes que otros, lo que puede derivar en contradicciones judiciales y en una desventaja objetiva para quienes ya están procesados. Además, señalan que partes de la causa aún permanecen bajo secreto de sumario, lo que limita su capacidad de respuesta.
La operación judicial se originó tras el hallazgo de más de 20 millones de euros en efectivo ocultos en la vivienda y en el lugar de trabajo de Sánchez durante su detención en 2024. El juez sostiene que el inspector utilizó su cargo para proteger una red que introdujo cerca de 73 toneladas de cocaína en España desde 2020, transportadas en 39 contenedores. Sin embargo, la defensa insiste en que no se han aportado pruebas directas que vinculen al acusado con esos hechos, ni con el uso fraudulento de su cargo o con la gestión de esos fondos.
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