Covite explota contra la semilibertad de la exetarra Anboto por prisión exprés
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha mostrado su más enérgico rechazo a la concesión del régimen de semilibertad a Soledad Iparraguirre, conocida como 'Anboto', antigua dirigente de ETA condenada a 793 años y 8 meses de prisión por su participación en 14 asesinatos y su destacado papel en la estructura terrorista. La organización considera especialmente grave esta decisión, no solo por la gravedad de los delitos cometidos, sino también por el breve tiempo que Iparraguirre ha cumplido en cárceles españolas desde su traslado al Estado.
Covite alerta sobre el uso desvirtuado del artículo 100.2
Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, ha denunciado que esta medida evidencia una distorsión creciente del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, diseñado originalmente como una vía excepcional para facilitar la reinserción, pero que en la práctica se está convirtiendo en una herramienta generalizada para adelantar la salida de presos de ETA sin que hayan cumplido el tiempo mínimo exigido para acceder al tercer grado.
“Es escandaloso que se le conceda semilibertad cuando apenas ha cumplido una fracción mínima de su condena en prisión en España. Hablamos de una de las máximas responsables de ETA, una figura central en su dirección política y operativa, no de una militante de base”, ha señalado Ordóñez.
Desde el colectivo se insiste en que el caso de 'Anboto' no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia preocupante. Consideran que se está aplicando una doble vara de medir, en la que se favorece a ciertos presos de ETA mediante una interpretación instrumental del 100.2, eludiendo así los requisitos legales del tercer grado.
Reinserción en delitos de terrorismo: más allá de los trámites
- No existe constancia de una ruptura pública, clara e inequívoca con el entramado político y social que sostuvo el terrorismo de ETA.
- La reinserción en casos de terrorismo debe exigir más que el cumplimiento burocrático de requisitos: debe incluir una desvinculación real y verificable del ideario y la estructura que justificó la violencia.
- Las víctimas no pueden ser llamadas a confiar en un arrepentimiento que no se demuestra con hechos concretos.
“Se cumple la ley en apariencia, pero se vacía de contenido su finalidad. Este atajo legal desnaturaliza el proceso de reinserción y profundiza la herida de las víctimas”, ha subrayado Ordóñez.
Covite también ha advertido de que esta política penitenciaria responde a una estrategia más amplia impulsada, a su juicio, por el Gobierno Vasco, orientada a acelerar la excarcelación de etarras sin exigirles una asunción real del daño causado ni una ruptura clara con la izquierda abertzale.
El vaciamiento de las cárceles: la última exigencia de ETA
Para el colectivo, estas decisiones encajan en lo que describen como el “final indigno” del proceso de desmantelamiento de ETA, en el que se está cumpliendo, sin condiciones, la última gran demanda del entorno terrorista: “vaciar las cárceles”.
“Y se hace exactamente como ellos querían: sin pedir cuentas, sin arrepentimiento, sin desvinculación real. Las consecuencias las estamos pagando las víctimas, que vemos cómo quienes asesinaron a nuestros seres queridos acceden a libertad anticipada mientras sus ideas y su entorno siguen impunes”, ha concluido la presidenta de Covite.
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