HRW alarma por negociaciones Marruecos-Polisario el futuro de los saharauis en juego
Un nuevo giro diplomático en torno al conflicto del Sáhara Occidental ha encendido las alarmas entre las organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch emitió este miércoles una advertencia contundente: el nuevo marco de negociación impulsado en el seno de Naciones Unidas podría vaciar de contenido el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, un principio que ha sido el eje del proceso durante décadas. La organización denuncia que, bajo la apariencia de un diálogo renovado, se está imponiendo una lógica de conveniencia política que amenaza con desplazar las obligaciones legales internacionales.
La resolución que redefine el conflicto
El foco de la crítica está en la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el 31 de octubre de 2025 y promovida por Estados Unidos. Aunque el texto reitera el compromiso con una solución “justa, duradera y mutuamente aceptable” y menciona el derecho a la autodeterminación, en la práctica, según Human Rights Watch, se aleja de sus exigencias. La resolución toma como base exclusiva la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007, que contempla un autogobierno limitado bajo soberanía marroquí, pero excluye explícitamente la independencia como opción.
Este enfoque omite aspectos clave: no garantiza que el proceso sea conforme al derecho internacional, no menciona reparaciones por las violaciones de derechos humanos cometidas durante décadas, ni define con claridad quiénes son los beneficiarios del derecho a decidir. La cuestión del censo electoral, uno de los mayores escollos desde los acuerdos de 1991, vuelve a quedar sin resolver. El plan original establecía como referencia el censo español de 1974, que incluía a los refugiados saharauis en Argelia. Hoy, tras más de medio siglo de desplazamientos, esa definición sigue pendiente.
Del referéndum al realismo diplomático
- En 1991, Naciones Unidas estableció la misión MINURSO con un mandato claro: organizar un referéndum en el que el pueblo saharaui eligiera entre independencia o integración en Marruecos.
- Ese referéndum nunca se celebró. Marruecos bloqueó la inclusión de la independencia y cuestionó la validez del censo.
- El Frente Polisario ha mantenido su exigencia de una consulta libre y completa, mientras el estatus de no resuelto se consolidó con el tiempo.
El contexto internacional ha cambiado. En 2020, Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. En enero de 2026, la Unión Europea alineó su posición con la Resolución 2797, apoyando la autonomía como base de las negociaciones. Para Human Rights Watch, este viraje refleja un abandono del derecho internacional en favor de un pragmatismo geopolítico que reduce la autodeterminación a una fórmula predeterminada. “El riesgo es que la conveniencia política se imponga al derecho de autodeterminación”, resume Hanan Salah, investigadora de la organización.
Reparaciones y retorno: los derechos invisibles
Además del diseño político, Human Rights Watch insiste en aspectos históricos y humanitarios que quedan fuera de las actuales negociaciones. “Un acuerdo justo debería incluir reparaciones por los daños sufridos, compensaciones económicas y el derecho de retorno de los desplazados y sus descendientes”, señala. Al menos 173.000 saharauis viven hoy en campamentos de refugiados en Tinduf, Argelia, muchos de ellos nacidos tras el éxodo de 1975.
Paralelamente, Marruecos ha impulsado un proceso de asentamiento de población marroquí en el territorio. La ONG recuerda que, según el derecho internacional humanitario, el traslado de civiles a un territorio ocupado constituye una violación grave y puede ser considerado crimen de guerra.
Represión y opacidad en el proceso
La organización documenta también un patrón sistemático de represión en los territorios bajo control marroquí: prohibición de manifestaciones, restricciones a asociaciones, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura. Las leyes que penalizan las ofensas a la “integridad territorial” se utilizan, según denuncia, para silenciar cualquier disidencia.
En diciembre de 2025, Human Rights Watch solicitó información a Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Marruecos, Argelia y al enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, sobre el nuevo marco de negociaciones. Ninguno respondió. Este silencio, considerado un síntoma de opacidad, refuerza las sospechas sobre la legitimidad del proceso.
El Sáhara Occidental figura en la lista de territorios no autónomos de la ONU desde 1963. Es el último caso pendiente de descolonización en África. El Tribunal Internacional de Justicia, en su opinión consultiva de 1975, reconoció el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro. Medio siglo después, esa promesa sigue sin cumplirse. “El Consejo de Seguridad hizo una promesa hace décadas. Hoy tiene poco que mostrar. Debería explicar cómo piensa garantizar todos los derechos del pueblo saharaui, empezando por su derecho a la autodeterminación”, concluye Salah.
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