Sumar trabaja a contrarreloj para prorrogar 600.000 contratos de alquiler antes de que decaiga el decreto
El 21 de marzo el Boletín Oficial del Estado dio a conocer la prórroga automática de más de 600.000 contratos de alquiler que vencen este año y en 2027, incluyendo una limitación extraordinaria que fija el incremento anual de la renta en un 2 %.
Un día antes, Sumar, al negarse a participar en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, obligó al Gobierno a presentar dos decretos: uno de “escudo social” para hacer frente al impacto de la guerra en Irán, ya convalidado por el Congreso, y otro de alquiler que, aunque ha fracasado en el Congreso, sigue vigente.
Acciones de Sumar y del Ministerio de Derechos Sociales
Los partidos de la izquierda, el Ministerio de Derechos Sociales y diversas asociaciones de inquilinos interpretaron la vigencia del decreto como una ventana de oportunidad. Sumar lanzó, a través de sus redes sociales, una campaña para que los arrendatarios soliciten de inmediato a sus caseros la prórroga del alquiler, proporcionando un modelo de formulario que puede enviarse, incluso, mediante burofax. De este modo se acredita tanto la remisión de la solicitud como su contenido exacto, lo que constituye prueba válida en caso de litigio.
El Ministerio de Derechos Sociales, encabezado por Pablo Bustinduy, difundió también un documento dirigido a los ciudadanos cuyo contrato esté próximo a expirar, invitándoles a pedir la prórroga. Además, el ministerio envió una comunicación a trece grandes inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan más de 100.000 viviendas, informándoles de la “obligatoriedad de aceptar la prórroga de los alquileres” que se extienden entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.
Según el Ministerio, el decreto “crea un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor”. Asimismo, se exigió a las inmobiliarias y fondos de inversión la máxima diligencia para garantizar la correcta aplicación de la medida y la puesta en marcha de los procedimientos internos necesarios para su cumplimiento inmediato.
En coordinación con organizaciones y plataformas como PoderInquilino.org y la Confederación de Sindicatos de Inquilinos, se está asesorando a los usuarios sobre el proceso de renovación, tanto en zonas tensionadas como en otras, y sobre la limitación del 2 % de incremento anual establecida en el decreto.
Los partidos de la izquierda defienden la obligatoriedad de que los arrendadores acepten la prórroga, incluso más allá de la posible derogación del decreto. Si el Congreso elimina la norma, podrían abrirse numerosos recursos judiciales contra los propietarios que se nieguen a cumplirla. Sumar ha manifestado su disposición a presentar un nuevo decreto, aunque reconoce que su aprobación en la Cámara Baja resulta poco probable, especialmente si el PSOE no accede a otro “órdago” de sus socios de la izquierda.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que la iniciativa estaba muerta tras la polémica reunión del Consejo de Ministros del 20 de marzo, al no contar con el apoyo parlamentario necesario. La oposición de Junts ha sellado su destino legislativo, y la propia coalición de gobierno alberga dudas sobre la constitucionalidad del decreto, según un informe de la Abogacía del Estado que indica que “no brinda la seguridad jurídica necesaria para una medida de este calibre”.
Hasta el momento, ni Sumar ni el Ministerio de Derechos Sociales han publicado cifras sobre cuántas personas han descargado los formularios antes de que el decreto pierda vigencia. Los partidos de la izquierda continúan citando la cifra de más de 600.000 contratos afectados y han convocado a la ciudadanía a movilizarse en defensa de este derecho, esperando su debate y posible convalidación en el Congreso.
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