Trump se arriesga a otra derrota en la causa en el Supremo sobre el derecho a la nacionalidad por nacimiento
Donald Trump, descendiente de inmigrantes —su madre, Mary Ann McLeod, nació en Escocia, y su padre, Friedrich Trump, era hijo de un inmigrante alemán— y esposo de la eslovena Melania, ha impulsado una polémica medida que busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La iniciativa, plasmada en una orden ejecutiva emitida al comienzo de su segundo mandato, ha sido llevada ante el Tribunal Supremo, que este miércoles escuchó los argumentos a favor y en contra del proyecto.
Por primera vez en la historia, el presidente asistió a la audiencia en primera fila, donde escuchó al fiscal general, John Sauer, quien defendió la posición de la administración. Tras la sesión, Trump abandonó la sala.
El debate en el Supremo
En la inmediación del tribunal, el chef español José Andrés, ciudadano estadounidense desde hace más de una década, pronunció un discurso dirigido a los asistentes: “Hoy no se trata solo de defender un derecho constitucional; se trata de la idea de lo que es América y lo que será”.
Los magistrados mostraron, en su mayoría, escepticismo ante el intento de limitar la ciudadanía por nacimiento. El pleno del Tribunal está compuesto por seis conservadores —tres de ellos designados por Trump— y tres liberales. Los jueces conservadores plantearon dudas sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva.
Trump argumenta que EE. UU. es el único país que otorga automáticamente la ciudadanía a cualquier niño nacido en su territorio, una aseveración que no se sostiene, pues varios países de América, desde Canadá hasta México, aplican normas similares. La administración solicita al Tribunal que reinterprete la 14ª Enmienda, adoptada en 1868 después de la Guerra Civil, para excluir a los hijos de personas que se encuentren en el país sin estatus legal permanente o bajo visas temporales.
El precedente más relevante es el caso United States v. Wong Kim Ark (1898), en el que la Corte determinó que un hombre de ascendencia china, nacido en San Francisco, era ciudadano estadounidense. La administración de Trump busca revertir esa interpretación.
El juez Elena Kagan, en una intervención, señaló que la cláusula de la enmienda no respalda la posición del gobierno y calificó la propuesta de “más técnica y esotérica”. El presidente del Tribunal, John G. Roberts Jr., también expresó dudas, indicando que los ejemplos citados por la administración —hijos de embajadores, hijos de enemigos durante una invasión, niños en buques de guerra— son “peculiares” y no justifican la exclusión de una amplia clase de inmigrantes ilegales.
El único magistrado que respaldó firmemente la medida fue el conservador Samuel A. Alito Jr., quien argumentó que la enmienda debe adaptarse a realidades que no existían en 1868, como la inmigración ilegal. Alito recordó que su propio padre llegó a EE. UU. como bebé con su madre desde Italia; bajo la normativa actual, esa familia habría sido considerada ilegal.
Los defensores de la demanda, encabezados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), presentaron sus argumentos ante los jueces conservadores, quienes interrogaron minuciosamente al abogado de la organización. La audiencia se prolongó más de dos horas.
El Supremo había invalidado recientemente varios aranceles impuestos por Trump; una nueva derrota en este caso representaría otro golpe significativo para la administración, que ya enfrenta un “annus horribilis”.
La cuestión central radica en la interpretación de la frase “sometido a su jurisdicción” contenida en la 14ª Enmienda. El presidente y el Departamento de Justicia sostienen que la enmienda fue concebida para proteger a los afroamericanos después de la Guerra Civil y no para los hijos de inmigrantes indocumentados, quienes según ellos “se benefician de un derecho que no estaba destinado a ellos”.
Sin embargo, como subrayó José Andrés, la propia historia de Estados Unidos está marcada por la inmigración, y la biografía de Trump y de varios magistrados del Supremo refleja esa realidad.
Los grupos que impugnan la orden ejecutiva, liderados por la ACLU, insisten en que la lectura tradicional de la 14ª Enmienda, adoptada por el Congreso desde 1952 y confirmada por la jurisprudencia, garantiza la igualdad y la oportunidad para todos los nacidos en territorio estadounidense.
Una eventual decisión a favor de la administración tendría consecuencias de gran alcance: más de 200 000 bebés nacidos cada año de padres indocumentados quedarían sin la ciudadanía automática. La medida solo afectaría a los niños que nazcan a partir de ahora, pero sus detractores advierten que generaría caos e incertidumbre para los recién nacidos y sus familias, y pondría en duda la situación de millones que ya se han beneficiado del derecho de ciudadanía por nacimiento.
Según el Instituto de Investigación Demográfica de la Universidad Estatal de Pensilvania, la eliminación de la ciudadanía por nacimiento podría resultar en 2,7 millones de personas adicionales viviendo en EE. UU. de forma irregular para 2045. El mayor impacto se sentiría entre la población latina, que representaría más del 90 % de los nacidos sin estatus legal para 2050.
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