La Comunidad de Madrid inicia los trámites para crear el registro de objetores al aborto
La Comunidad Autónoma de Madrid ha puesto en marcha los trámites para crear el Registro de Personas Objetoras de Conciencia respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), cumpliendo la medida cautelar dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El Gobierno regional publicó este miércoles, a través del Portal de Transparencia, el Proyecto de Orden de la Consejería de Sanidad mediante el cual se establece dicho registro. Con este acto se abre un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de mañana, para que cualquier persona o entidad pueda presentar alegaciones al proyecto, según la documentación consultada por Europa Press.
Marco jurídico y antecedentes
La iniciativa responde a la resolución del TSJM, que obligó al Ejecutivo autonómico a iniciar los trámites administrativos necesarios para la puesta en marcha del registro. En la sentencia se atendió la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Sanidad, en aplicación de la Ley Orgánica 1/2023, que establece en su artículo 19. ter la obligación de crear, en cada comunidad autónoma, un registro de profesionales sanitarios que ejerzan su derecho a la objeción de conciencia en relación con la IVE.
Aunque la resolución judicial no implicaba la creación inmediata del registro, sí imponía la obligación de iniciar los procedimientos administrativos y de implantar el registro conforme al protocolo consensuado dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS). Dicho protocolo, aprobado el 16 de diciembre de 2024, contó con el voto unánime de todas las comunidades autónomas y tiene carácter vinculante como instrumento de coordinación sanitaria.
En este contexto, el 14 de octubre de 2025 el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento a las comunidades de Aragón, Baleares y a la Comunidad de Madrid, concediéndoles un mes para responder respecto al registro. Al vencerse el plazo, el 15 de noviembre la ministra del ramo anunció que el Gobierno iniciaría la vía contenciosa. Dos días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que el aborto es “un derecho esencial, convertido en negocio” para la comunidad madrileña y que esa situación no sería tolerada.
El departamento liderado por Mónica García, titular del Ministerio de Sanidad, presentó el 16 de enero un recurso contencioso‑administrativo. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid manifestó que el Gobierno regional defenderá “con la Constitución en la mano” la libertad de objeción de conciencia frente al aborto.
Desde la administración autonómica se argumenta que la creación del registro es una medida organizativa que requiere desarrollo reglamentario y que su imposición cautelar podría constituir una anticipación del fallo del proceso principal. Además, se sostiene que la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo está plenamente garantizada en el sistema sanitario mediante mecanismos propios: cuando todos los profesionales de un determinado servicio ejercen la objeción de conciencia, las pacientes son derivadas a centros autorizados que pueden prestar la atención requerida.
También se han planteado objeciones sobre la legitimación del Ministerio de Sanidad para promover el recurso y dudas acerca de la interpretación de la obligación legal de implantar el registro.
Desde el Ejecutivo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se insiste en que la comunidad está cumpliendo con la garantía del derecho de objeción de conciencia de los médicos y con la prestación del servicio de IVE. El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García, afirmó que la comunidad posee capacidad de autogestión reconocida por su propio Estatuto de Autonomía y que ha organizado el servicio de manera que se reconcilien los derechos de los profesionales con la atención a las mujeres.
Ayuso ha reiterado que no señalará a los médicos que, por conciencia, decidan no realizar interrupciones voluntarias del embarazo. “Yo no voy a señalar a nadie ni por abortar ni por no hacerlo, pero tampoco a los médicos que no quieran hacerlo”, declaró en varias oportunidades.
La consejera de Sanidad advirtió que la negativa de la presidenta madrileña a crear el registro de objetores podría acarrear su inhabilitación para ejercer cargos públicos, en virtud del artículo 410 del Código Penal, que sanciona a los funcionarios que se nieguen abiertamente a cumplir resoluciones judiciales o órdenes de la autoridad competente.
Asimismo, la ministra señaló que parte del Partido Popular ha despertado para exigir el cumplimiento de la ley en materia de aborto, citando el pronunciamiento de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien afirmó que la Comunidad de Madrid acatará la decisión del TSJM.
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