Jessica Rodríguez asegura que Ábalos sufragaba "todos los gastos" y le pagó el piso porque se sentía "culpable"
Jessica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, declaró este martes ante el Tribunal Supremo que fue el propio dirigente socialista quien asumió finalmente los gastos derivados de su relación y del piso de lujo situado en la Torre de Miriá, en la Plaza de España.
Testimonio de Jessica Rodríguez
La testificación tuvo lugar a falta de quince minutos para el inicio de la vista oral, sobre las 9:45 h, aunque había sido prevista inicialmente para la mañana y fue reprogramada para la segunda mitad de la jornada, a partir de las 15:30 h. Rodríguez compareció ante el tribunal con mascarilla y gafas de sol, y su intervención se realizó de espaldas a la cámara.
Durante el interrogatorio del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, la testigo explicó que conoció a Ábalos en octubre de 2018 y que mantuvieron una relación de carácter sentimental que incluía viajes, comidas y cenas. Según su relato, la relación terminó en noviembre de 2019 cuando el entonces ministro decidió continuar con su vida familiar mientras permanecía en el cargo. “No lo terminamos mal; simplemente él quería seguir con su vida paralela y yo no estaba de acuerdo”, señaló.
En cuanto al piso de la Plaza de España, Rodríguez afirmó que Ábalos le propuso buscar una vivienda más cómoda, ya que ella compartía piso con compañeras de universidad y la distancia dificultaba los encuentros. “Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara”, explicó. El objetivo, según su testimonio, era que ella viviera en el inmueble mientras él continuaba residiendo en la vivienda oficial del Ministerio con su familia.
Tras el fin de la relación, Ábalos le indicó que podía seguir ocupando el piso mientras continuaba sus estudios, justificando el apoyo económico con la culpa que sentía por haberle obligado a cambiar su estilo de vida. “Todos los regalos fueron de Ábalos, no de Koldo”, reiteró la testigo.
Rodríguez también describió la estrecha relación entre Ábalos y su asesor Koldo García, a quien definió como “la sombra de Ábalos”. Añadió que García, en ocasiones, gestionaba asuntos prácticos, como el pago de su matrícula universitaria en 2020, considerado un “regalo inesperado”.
Sobre el alquiler del piso, la testigo relató que la inmobiliaria le reclamó el pago de cuatro meses de alquiler pendientes, exigiéndole que abandonara la vivienda “ipso facto”. “Me agobié mucho porque me dijeron que debía irme inmediatamente”, declaró, asegurando que nunca preguntó quién se encargaba de pagar el alquiler.
En relación con su paso por las empresas públicas Ineco y Tragsatec, Rodríguez manifestó haber mantenido una reunión con Joseba García, hermano de Koldo García, para tratar su situación laboral al incorporarse a Ineco. Aseguró que Ábalos estaba al tanto de que ella no desempeñaba funciones en el puesto para el que había sido contratada, describiendo su contrato como una “espera” mientras se definían sus tareas.
El testimonio de Joseba García, hermano de Koldo, se centró en la situación laboral de Rodríguez. Él afirmó que ella le había contactado para ayudarle con los partes de trabajo de Ineco, una tarea que describió como compleja, y negó haber sido su superior jerárquico. “Yo no sé si Jessica trabajaba mucho o poco, yo no la controlaba”, declaró, añadiendo que ella nunca le pidió que dejara de acudir a su puesto.
Asimismo, la responsable de selección de Ineco, Ana Araceli Arigita, corroboró que la contratación de Rodríguez se realizó con una rapidez “poco habitual”. Según explicó, la candidata fue convocada a una entrevista el 27 de febrero de 2019 y, pocos días después, comenzó su contrato, sin seguir el proceso de selección típico de la empresa. Arigita negó haber recibido indicaciones directas de Koldo García para la contratación ni haber tenido contacto con él durante el proceso.
El caso que se debate ante el Supremo se centra en la presunta trama de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia, así como en la supuesta colocación a dedo de personas del entorno de Ábalos en empresas públicas y su presunto papel en el rescate de Air Europa. La Fiscalía solicita 24 años de prisión para José Luis Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para el empresario Víctor de Aldama, quien ha reconocido los hechos. Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, piden 30 años de prisión para el exministro y su exasesor, mientras que para Aldama solicitan la misma pena que la Fiscalía.
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