Un tribunal paraliza cautelarmente la nueva filial de autobuses de Renfe
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha suspendido de forma cautelar la licitación de la nueva filial de autobuses que Renfe pretende crear, tras los recursos presentados por las organizaciones patronales del transporte Anetra y Fenismer, según han confirmado fuentes de ambas entidades.
El TACRC, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, ha considerado que la paralización es necesaria para evitar “perjuicios de difícil o imposible reparación” al sector del transporte de viajeros. Las patronales, que agrupan a la mayor parte de las pymes del sector, alegan que el pliego de condiciones excluye al 99 % de las empresas españolas de transporte y favorece únicamente a los grandes operadores.
Motivos de la impugnación
Anetra y Fenismer han alertado sobre “graves irregularidades y un impacto excluyente” del proyecto, y la medida cautelar del TACRC implica que el proceso de licitación quedará bloqueado hasta que se dicte una resolución definitiva.
En marzo, el consejo de administración de Renfe aprobó la constitución de una sociedad mixta para gestionar los servicios de transporte alternativo por carretera cuando se produzcan incidencias en los trenes. En esta estructura, el accionista de control sería el Estado, con un 51 % del capital, mientras que Renfe mantendría el 49 % restante.
Las organizaciones patronales consideran que los requisitos de solvencia técnica y económica exigidos son “totalmente desproporcionados” y constituyen un ataque directo a la libre competencia.
Entre los criterios establecidos por Renfe destacan:
- Disponer de una flota propia de 500 vehículos (o 300 en caso de una Unión Temporal de Empresas).
- Tener una facturación anual superior a 75 millones de euros.
- Haber ejecutado contratos similares por un valor mínimo de 35 millones de euros.
Según Anetra y Fenismer, el 60 % de las 2.700 empresas de transporte de viajeros en España son microempresas (con menos de 10 autobuses), por lo que las exigencias de Renfe dejarían fuera al 99 % del tejido empresarial del sector, limitando la participación a apenas una decena de grandes grupos.
“No entendemos por qué Renfe pretende crear una estructura nueva y rígida en lugar de apoyarse en la capilaridad y la eficiencia de las pymes españolas”, afirman los representantes de las patronales.
Renfe pretende, mediante esta nueva empresa, licitar un contrato marco a largo plazo (10 años, con posibilidad de cinco años de prórroga) para la prestación de planes alternativos de transporte, con un coste estimado de 61,5 millones de euros. Según la compañía, este modelo permitirá un ahorro de entre 90 y 130 millones de euros durante la vigencia del contrato.
La iniciativa se plantea como una solución a la escasez de vehículos y conductores, al garantizar una flota estable y personal propio, reduciendo la dependencia de empresas externas para cubrir los servicios alternativos cuando se produzcan incidencias en la red ferroviaria.
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