Rajoy se planta: no hubo 'caso Kitchen'
Mariano Rajoy compareció como testigo ante el tribunal que investiga la llamada “operación Kitchen” y respondió a las preguntas de la acusación con la serenidad y el toque de ironía que lo caracterizan. Obligado a declarar la verdad, el expresidente negó en varias ocasiones la existencia de hechos que le imputaban, alegando que eran “absolutamente falsos”. Sin limitarse a negar, Rajoy lanzó una defensa contundente que, según sus palabras, desvirtúa la hipótesis de una trama política y la reencuadra como una acción policial.
En su intervención, Rajoy sostuvo que “no hubo una operación política, hubo una operación policial cuyo objetivo fundamental era incautar el dinero de Bárcenas y de sus testaferros”. Añadió que está convencido de que “esa operación policial se ajustó a la legalidad”. Con estas afirmaciones, el expresidente cuestiona la versión que sostiene que la investigación se originó bajo la dirección del Partido Popular y se trasladó posteriormente a la Dirección General de la Policía.
Reacciones y consecuencias para los imputados
Las declaraciones de Rajoy complican la defensa de los dos principales acusados del caso: el exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado, Francisco Martínez. Ambos podrían intentar basar sus argumentos en el respaldo que, según afirman, recibió del entonces presidente del Gobierno.
Para que la acusación logre su objetivo, deberá demostrar que la información aportada por el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ante el tribunal es veraz, que la operación partió de la cúpula del PP y que posteriormente se trasladó a la Dirección de Interior. La credibilidad de Bárcenas ha sido duramente cuestionada, ya que ha variado sus versiones en numerosas ocasiones, lo que dificulta discernir cuándo dice la verdad y cuándo no.
Rajoy recordó al tribunal que, de haber existido material comprometedor contra él, habría sido público “como se hizo con otros documentos”, refiriéndose a los papeles de la llamada “contabilidad B”. Según la versión oficial, la supuesta documentación robada del despacho de la esposa de Bárcenas –incluido un pendrive misterioso– permaneció en la sede del PP durante dos meses antes de que se notificara al propietario para su recogida. La pregunta que plantea la defensa es: ¿para qué montar una operación de robo cuando el propio partido ya disponía de la “bomba incriminatoria” sin que su supuesto dueño la reclamara?
El ex presidente también reiteró que está convencido de que “la operación policial se ajustó a la legalidad”, una afirmación que, de confirmarse, podría desvirtuar la hipótesis de que existió una orden política para vulnerar a Bárcenas.
En cuanto a la identidad del presunto “asturiano” apodado por el inspector jefe Gonzalo Fraga, el propio Rajoy refuta la calificación, señalando que, lejos de ser asturiano, es gallego, y que su carácter prudente le habría impedido involucrarse en los pormenores de un asunto tan delicado.
Por su parte, Bárcenas ha declarado que sus cambios de versión obedecen a intereses personales y a negociaciones con el PP. Según su relato, la filtración de supuestos documentos comprometedores para Rajoy habría sido una estrategia para presionar al Gobierno y forzar una postura más favorable de la Fiscalía.
El tribunal tendrá que determinar si existió alguna orden del ministro o del secretario de Estado que autorizara la operación policial y si, en realidad, se pretendía incautar pruebas que pudieran comprometer a Rajoy y al Partido Popular.
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